La nueva reforma electoral de México se presentará el 1 de febrero de 2026, al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, y desde ahora genera fuertes alertas.
¿SEPULTURERO?
La iniciativa proviene del Poder Ejecutivo. Plantea cambios de fondo a la representación política y al diseño institucional que, durante décadas, permitieron una apertura gradual del sistema electoral. Sus modificaciones podrían favorecer a las mayorías y debilitar la pluralidad democrática.
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Lo que ha trascendido del proyecto todo parece indicar que es una reforma diseñada para beneficiar al partido en el poder, reconfigurando las reglas de la competencia política bajo el discurso de la austeridad y la “simplificación” del sistema electoral.
Se realizarán cambios profundos que harán muy difícil la competencia electoral para quienes no cuentan con el apoyo ni la estructura del Gobierno; es decir, para la oposición.
En pocos días se presentará esta nueva iniciativa, elaborada en su mayoría por Pablo Gómez, quien hoy encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Se trata de un proyecto impulsado por Morena y heredero de la agenda iniciada por Andrés Manuel López Obrador y continuada por esta administración.
La reforma se presenta en un contexto en el que Morena cuenta con mayoría en el Congreso, una mayoría obtenida gracias a la sobrerrepresentación prevista en la ley.
Al competir en coalición, el límite del 8% se aplicó por partido y no al bloque. Así, los aliados sumaron escaños y votan juntos, distorsionando la proporcionalidad del voto ciudadano, aunque de forma legal, conforme a los criterios vigentes del Instituto Nacional Electoral.
Lo cierto es que hoy el partido en el poder tiene mayoría en las cámaras por esta sobrerrepresentación y también controla, en gran medida, el Poder Judicial, tras la reforma mediante la cual resultaron electos jueces, magistrados y ministros impulsados en los llamados “acordeones” por el propio partido en el poder.
Ahora llega esta reforma electoral, que hará todavía más difícil la movilidad de los partidos en los cargos de elección popular.
Paradójicamente, una democracia que costó años construir enfrenta hoy el embate de quienes, en su momento, lograron que los partidos de oposición accedieran al poder y contaran con reglas más parejas. Son los mismos que hoy buscan desmontar la democracia escudándose en una supuesta austeridad.
Pablo Gómez construyó su carrera desde la oposición en un sistema dominado por el partido hegemónico del PRI. Desde la década de 1970 militó en organizaciones de izquierda y en el Partido Comunista Mexicano, cuando la disidencia tenía un acceso limitado al poder.
Tras la reforma política de 1977, llegó al Congreso en 1979 y desde ahí impulsó la representación proporcional como vía para abrir espacios a fuerzas excluidas.
En los años 80 y 90 fue una voz clave contra el autoritarismo electoral; participó en negociaciones que fortalecieron al entonces IFE y defendió la autonomía de las autoridades electorales. Su ascenso se dio mediante trabajo legislativo, presión política constante y alianzas opositoras que contribuyeron a la democratización y a la alternancia en México.
Hoy, ese mismo Pablo Gómez que ayudó a construir la democracia en el país y fue parte de logros históricos, una vez en el poder, busca desmontarla.
Aunque esta reforma electoral se presenta como una iniciativa técnica y de austeridad, lo que se sabe es que concentrará el poder, debilitará los contrapesos y hará más difícil la competencia real para la oposición.
Con esta reforma enviada por el Ejecutivo se busca una nueva conformación del Congreso y se han planteado opciones como: una Cámara de 300 diputados de representación proporcional pura con listas abiertas; una integración con la mitad de los diputados de mayoría relativa y la mitad de representación proporcional; mantener los 300 diputados de mayoría relativa y reducir de 200 a 100 los plurinominales; así como la eliminación de los 32 senadores de Lista Nacional.
Además, se plantea eliminar los organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLES, con la finalidad de centralizar la organización de las elecciones. La reforma deberá aprobarse en el siguiente periodo ordinario de sesiones de la Legislatura, que comenzará el 1 de febrero y concluirá el 30 de abril, para que en mayo —fecha límite para realizar cambios electorales— pueda aplicarse de cara a las elecciones de 2027.
Con la reforma electoral propuesta, el sistema se movería hacia una lógica de “el que gana se queda con todo”. Al reducir o eliminar la representación proporcional, un partido podría controlar el Congreso aun ganando por un margen mínimo de votos.
Esta reforma electoral va a debilitar los contrapesos democráticos, reducir la pluralidad y concentrar el poder en una sola fuerza, dejando a amplios sectores sin representación real.
Lo que está en juego con esta reforma no es un ajuste técnico ni un ahorro presupuestal: es el corazón de la democracia mexicana.
México tardó décadas en construir un sistema que abriera espacios, equilibrara fuerzas y diera voz a las minorías. Recordemos que en México solamente hemos vivido alternancia presidencial desde hace 26 años; muchos de los jóvenes no saben lo que es vivir bajo las reglas de un partido hegemónico.
Lo cierto es que, para quienes hoy están en el poder, esta reforma significa su supervivencia y permanencia para las próximas décadas; por eso buscan cambiar y hacer una nueva reforma electoral que los blinde. Si van a elecciones con las reglas actuales, podrían perder, y mucho, en las elecciones intermedias de 2027.
Si la democracia se pierde, recuperarla costará muchísimo.
