En una decisión con implicaciones profundas para el entorno empresarial y la percepción de riesgo país, el presidente y fundador de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, presentó formalmente una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado mexicano, por lo que califica como una persecución política, fiscal, judicial y administrativa iniciada en 2023.
La presentación se realizó en una reunión de alto nivel en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington D.C., con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, situando el caso en el radar de los principales organismos internacionales que observan el respeto a los derechos fundamentales en la región.
La relevancia del caso va mucho más allá de la figura de un empresario específico. La denuncia plantea un escenario en el que el uso discrecional del poder público se convierte en un factor de presión contra actores económicos críticos, alterando las reglas del juego y generando incertidumbre para la inversión privada. El documento sostiene que existe una estrategia destinada a restringir la libertad de expresión de Salinas Pliego y limitar su participación en el debate público, en abierta contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con efectos directos e indirectos sobre sus empresas y sobre el clima empresarial en general.
Culto a Noroña... por Noroña
La petición describe un patrón persistente de hostigamiento que combina distintos frentes. Uno de los ejes centrales es la criminalización de la crítica, en la que se documenta el uso de canales oficiales y discursos institucionales para desacreditar públicamente al empresario y a las compañías de Grupo Salinas. Según la denuncia, esta práctica busca erosionar su reputación, debilitar la confianza de clientes, inversionistas y socios comerciales, y enviar una señal disuasiva a otros empresarios que participen activamente en el debate público o cuestionen decisiones gubernamentales.
El documento detalla un hostigamiento administrativo sistemático. Las empresas de Grupo Salinas, de acuerdo con la denuncia, han sido sometidas a auditorías reiteradas y simultáneas por diversas dependencias del Estado, con un nivel de intensidad significativamente mayor al observado en administraciones previas. Este tipo de prácticas no sólo implica costos financieros y legales adicionales, sino que también distrae recursos clave de la operación productiva, afecta la planeación de largo plazo y eleva la percepción de arbitrariedad regulatoria.
Otro componente crítico de la denuncia es la advertencia sobre el debilitamiento de la independencia judicial en México. El documento señala que la reciente reforma al Poder Judicial ha erosionado los contrapesos institucionales, reduciendo la capacidad de los tribunales para actuar como árbitros imparciales frente a posibles excesos del Ejecutivo. Para el sector privado, este señalamiento es especialmente sensible, ya que la certeza jurídica y la existencia de un sistema judicial independiente son pilares fundamentales para la protección de inversiones, la resolución de controversias y el respeto a los derechos de propiedad.
La petición también expone el uso político del aparato fiscal como una herramienta de presión. Salinas Pliego sostiene que, pese a su disposición a resolver controversias tributarias conforme a los procedimientos legales, el Estado ha respondido con negativas sistemáticas y un trato diferenciado que sugiere un objetivo coercitivo más que recaudatorio. Este tipo de prácticas deteriora la confianza en las autoridades fiscales, incrementa la percepción de riesgo regulatorio y puede tener un efecto inhibidor sobre nuevas inversiones, particularmente en sectores intensivos en capital y de largo plazo.
El documento subraya que el caso no debe interpretarse como un conflicto aislado, sino como un síntoma de una crisis institucional más amplia. Desde esta perspectiva, se advierte sobre la normalización de prácticas que reducen el pluralismo democrático, debilitan el Estado de derecho y crean un entorno en el que la cercanía o distancia política con el poder se convierte en una variable relevante para la operación empresarial. Para inversionistas nacionales e internacionales, este contexto representa un factor adicional a considerar en la evaluación de México como destino de capital.
A través de la acción presentada ante la CIDH, se solicita que el organismo internacional declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y emita medidas orientadas a garantizar la no repetición de este tipo de conductas. Entre los objetivos planteados se encuentran la restauración de la independencia judicial, la protección efectiva de la libertad de expresión y el resguardo del derecho de propiedad. El desenlace de este proceso podría marcar un precedente relevante no sólo para Grupo Salinas, sino para el conjunto del sector privado, al definir los límites entre la acción legítima del Estado y el uso político de sus facultades en un entorno democrático y de mercado.
Rigor técnico. Cada prueba de laboratorio confiable, cada certificación válida y cada inspección que resiste auditorías responde a una misma lógica: alguien debe avalar al que evalúa. Desde hace 27 años, esa tarea recae en la Entidad Mexicana de Acreditación, presidida por Raúl Tornel y Cruz, una institución que ordena el mercado y sostiene la confianza técnica sobre la que descansa buena parte de la economía. Con más de 8,600 acreditaciones vigentes y presencia en 18 países, la EMA respalda sectores sin margen de error como salud, energía, construcción, medioambiente y agroindustria. Sus 155 colaboradores y más de 1,300 especialistas traducen normas en reglas operables. En 2025, su alcance formativo superó a 18 mil personas y obtuvo reconocimientos como la Marca Notoria del IMPI y el distintivo de Empresas Excepcionales, prueba de un trabajo técnico constante que explica por qué la calidad, en México, tiene un punto de referencia.
Voz en off. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, participó en la Reunión Ministerial de Finanzas sobre la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos, celebrada en Washington, D.C., en la sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y convocada por su titular, Scott Bessent. La reunión se centró en fortalecer la coordinación financiera y en identificar mecanismos de diseño, financiamiento e inversión para diversificar y hacer más resilientes las cadenas globales de suministro de minerales críticos, con la participación adicional del U.S. Trade Representative, Jamieson Greer, y del presidente del EXIM Bank de Estados Unidos, John Jovanovic, enviando una señal relevante a los mercados sobre la creciente alineación entre gobiernos y organismos clave para reducir riesgos estratégicos y abrir oportunidades de inversión en sectores industriales esenciales...
