Primero lo evidente. Estados Unidos violó las normas de derecho internacional fundadas en los principios de soberanía nacional e integridad territorial. La incursión que ha tratado de ser justificada como una “operación policiaca” respaldada por fuerzas militares para dar cumplimiento a una orden de aprehensión resulta jurídicamente insostenible.
La captura del régimen venezolano, personificado en Nicolás Maduro, abre un escenario que no parece tener un desenlace claro. Parece explicable que el gobierno estadounidense haya decidido mantener, por ahora, a la cúpula chavista dado su absoluto monopolio del uso de la fuerza al interior de Venezuela. Lo que parece difícilmente compatible es que la permanencia de ese entramado pueda coexistir con los planes estadounidenses en el terreno energético.
El gobierno, encabezado por Delcy Rodríguez, ha tenido que ceder en asuntos particularmente sensibles para la ideología chavista, y cada vez será más difícil justificar hacia el interior del movimiento un giro de tal magnitud. En política exterior, los Estados suelen reaccionar de manera incremental frente a violaciones al derecho internacional: desde el llamado a consultas de sus embajadores hasta la ruptura formal de relaciones. Sin embargo, frente a lo que el propio gobierno venezolano ha calificado como el “secuestro” de su presidente —a quien incluso presenta como rehén—, la Cancillería optó, de manera paradójica, por reanudar relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Todo indica que éste no será el último viraje. El siguiente paso será intentar justificar una eventual modificación de la reforma impulsada por Hugo Chávez en 2009, que prohibió la participación de empresas extranjeras en el sector energético. Transitar ese camino sin provocar fisuras internas profundas será, para el gobierno, una tarea cada vez más compleja.
¿Caminos que conducen a Sonora?
Por su parte, Estados Unidos enfrenta un dilema de mayor calado. Algunas de las principales empresas petroleras han advertido que, en las condiciones actuales, Venezuela es un país “ininvertible”, salvo que se produzca un cambio sustantivo tanto en el gobierno como en el marco legal. Si bien la administración estadounidense no parece tener como prioridad la recuperación democrática del país sudamericano, ése podría ser, paradójicamente, el único camino viable para alcanzar su objetivo central. Un eventual relevo político también tendría efectos en la percepción de la comunidad internacional, que tendería a moderar sus posiciones frente a un gobierno surgido de la oposición.
En ese contexto, una encuesta publicada por The Economist muestra que una mayoría de la población venezolana respalda el arresto de Nicolás Maduro y, de manera igualmente significativa, avala una administración de Estados Unidos en el país. El mismo estudio revela un amplio consenso en favor de una nueva elección presidencial, con más del 60 por ciento de los encuestados, señalando que ésta debería celebrarse en un plazo de seis meses o menos. Un escenario de mayor escasez económica, combinado con la persistencia de un régimen autoritario podría, lejos de consolidarla, poner en riesgo la supuesta estabilidad actual.
En conjunto, el momento venezolano exhibe una paradoja difícil de sostener: un gobierno que, para sobrevivir, se ve obligado a contradecir sus propios dogmas, y una comunidad internacional que oscila entre el pragmatismo y la resignación.
