El proyecto de la 4T está claro. Podemos dividirlo, para empezar, en dos.
Primero, la eliminación de siete organismos autónomos del Estado: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Comisión Federal de Competencia Económica; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Comisión Reguladora de Energía; Comisión Nacional de Hidrocarburos; Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Segundo: la adopción, de las tareas que realizaban, por secretarías de Estado, que son parte del Poder Ejecutivo Federal. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Comisión Federal de Competencia Económica, por la de Economía. Instituto Federal de Telecomunicaciones, por la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos, por la de Energía. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, por la de Educación. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por el Inegi, que sigue siendo autónomo.
Entre las cosas que ha hecho la 4T está achicar y debilitar al Estado para agrandar y fortalecer al Gobierno federal, en concreto a la Presidencia de la República, que ya controla, en buena medida, al Poder Legislativo y al Judicial, constituyéndose en un poder monocrático (sólo uno manda), y autocrático (en función de su voluntad).
Organismos autónomos (al menos formalmente) del Estado, quedan: el Banco de México; el Instituto Nacional Electoral; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; la Fiscalía General de la República.
En los últimos días la autonomía del INE ha sido seriamente cuestionada por Pablo Gómez, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien afirmó que “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones”. Ya veremos en qué termina esto, pero la intención es desaparecer los organismos autónomos, o en su defecto quitarles la autonomía, achicando y debilitando al Estado y agrandando y fortaleciendo a la Presidencia de la República.
¿Cuál será el siguiente organismo autónomo amenazado? Si la 4T pudiera elegir, entre los que quedan, uno solo para quitarle la autonomía, ¿cuál le convendría más? El Banco de México.
¿Qué supondría quitarle la autonomía al Banco de México? Que bastaría un comunicado del secretario de Hacienda, al gobernador del Banco de México, ordenándole que deposite $1,000,000,000 (súmenle los ceros que quieran), a la cuenta del Gobierno federal, para que tuviera que hacerlo. ¿De dónde sacaría el Banco de México, que no recibe depósitos de ahorradores, el dinero para realizar el depósito? Tendría que imprimirlo, primer paso para que la inflación comience a repuntar, como ya sucedió entre 1971 y 1994, algo que por ningún motivo debe repetirse. ¿Cuántos, comenzando por la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda, están dispuestos a repetirlo?
En la lucha de la 4T contra los organismos autónomos del Estado, ¿seguirá el Banco de México?