En los últimos días el Gobierno federal presumió un incremento en cirugías y consultas de especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como en el IMSS Bienestar. Pero como dice el refrán, “del dicho al hecho hay un gran trecho”, y la realidad siempre atraviesa el corazón del discurso, con un caso a cada paso.
Yo me encontré con el de Arturo Zárate, de 53 años, y quien desde hace meses ha puesto su vida en pausa —y en riesgo— por sobrevivir a la burocracia de un sistema de salud pública que antes de cuidar, administra, retrasa, y eso a veces mata…
Arturo fue diagnosticado —por un médico privado— con cáncer de esófago en mayo del año pasado. Éste le advirtió que era urgente operar, pero Arturo no tenía los recursos para la opción particular.
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Acudió entonces a la clínica del IMSS que le correspondía —Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60— para solicitar su pase al Hospital General Regional No. 72, donde se ubica Oncología.
Fue hasta agosto (3 meses después) cuando tuvo su primera consulta. El oncólogo tratante confirmó que era necesario operar, pero primero había que realizar un ciclo de radios y quimioterapias.
De acuerdo a especialistas, lo recomendable en estos casos es colocar una prótesis esofágica previa a la radioterapia, para evitar que la inflamación del tratamiento impida al paciente comer.
En este caso el IMSS no pudo proveer dicha prótesis, por lo que Arturo asumió el costo en una opción privada, por 90 mil pesos.
Finalmente inició su tratamiento en octubre (5 meses después del diagnóstico), 4 quimioterapias y 28 sesiones de radioterapia. Terminó el tratamiento en noviembre, mientras el cirujano tratante debía programar otra tomografía y la consulta para determinar si el tumor ya era operable.
La cita quedó programada para diciembre (7 meses después del diagnóstico), mientras el cáncer nunca dejó de avanzar en el cuerpo de Arturo y vino lo peor.
Dejó de tolerar comida y líquidos. Después de dos días sin alimentos, acudió a urgencias oncológicas del hospital Siglo XXI, donde le informaron que no podían hacer nada más que canalizarlo.
Por 14 días Arturo vivió un riesgo vital que el sistema clasificó como “molestia menor” y, cuando el IMSS decidió intervenir, el paciente había perdido tiempo irrecuperable y la sonda nasogástrica no funcionó.
Volvió a urgencias a inicios de diciembre y un par de días después le fue colocada una sonda por el vientre para alimentarlo. Arturo ya había perdido 10 kilos. Llegó la cirugía, donde encontraron metástasis en el intestino, así que la cirugía del tumor primario quedó descartada.
El 20 de diciembre Arturo llegó a la consulta donde se debía definir el siguiente tratamiento, pero el médico que le correspondía nunca apareció. Tampoco hubo reprogramación de la cita, ni explicación.
Personal administrativo de la Clínica 72 argumentó que el médico no se presentaba desde hacía 15 días y desconocían si regresaría. El tumor de Arturo seguía creciendo.
El 24 de diciembre, cuando acudió a retirar los puntos de la colocación de la sonda gástrica, los médicos le dijeron que debía buscar nuevamente al oncólogo y éste le pidió que volviera a sacar una ficha.
En las ventanillas le informaron que por ser periodo decembrino la agenda reabriría hasta el 6 de enero (8 meses después del diagnóstico), como si el cáncer también pudiera irse de vacaciones.
Ese 6 de enero, un familiar llegó a las 6 de la mañana a formarse y consiguió la ficha 4 horas después. Hasta las 7 de la noche obtuvo la programación de la consulta para el sábado 17 de enero, mismo día en que se publica esta columna.
Los oncólogos serios lo repiten como mantra: “Cada mes de retraso en diagnóstico o tratamiento de cáncer, aumenta la mortalidad entre 4 y 6 por ciento”.
En el diagnóstico “Programa Nacional de Adquisición de Aceleradores Lineales 2024” se reconoció que la programación de radioterapias en el IMSS tiene una lista de espera de 11 meses.
De acuerdo al colectivo nacional Cero Desabasto, hay más de 15 mil 980 amparos legales promovidos por pacientes, familiares y organizaciones civiles contra el Gobierno federal por falta de medicamentos.
En el sexenio pasado, la organización Justicia vs. Cáncer interpuso casi 300 amparos para lograr atención médica y otros 283 exclusivamente para defender a pacientes con cáncer a los que se les negó la atención. Varios murieron esperando.
Hoy Arturo acudirá a su cita para saber si aún tiene tratamiento posible y una esperanza de vida, y lo excepcional será que el sistema de salud del Estado, esta vez llegue a tiempo…
