Reducir costos, ajustar reglas y reformar instituciones es legítimo en cualquier democracia.
Hacerlo en un país donde el crimen organizado captura territorios y procesos electorales exige algo más: árbitros fuertes, reglas creíbles y la certeza de que competir no pone en riesgo la vida. Ésa es la línea que hoy cruza el debate sobre la reforma electoral en México.
En La crisis de la democracia, Adam Przeworski plantea una advertencia especialmente pertinente: las democracias rara vez colapsan por rupturas abruptas; suelen erosionarse de manera gradual, a través del desgaste de sus instituciones y de la polarización que convierte cada desacuerdo en una batalla existencial. No es el conflicto lo que las debilita, sino la pérdida de confianza en las reglas que organizan la competencia política.
Aseguran cabaña de ensueño a Corral
Przeworski lo resume con una idea central: “la democracia funciona mientras los perdedores aceptan los resultados porque confían en las reglas”. Cuando esa confianza se rompe, incluso las elecciones dejan de cumplir su función integradora. Este marco ayuda a entender el momento que vive México con la discusión de la reforma electoral, pero también obliga a mirar un desafío más profundo y persistente: la captura violenta de procesos electorales por parte del crimen organizado.
La Presidenta Sheinbaum ha insistido en que no hay intención autoritaria ni de debilitar la autonomía del INE, pese al fiasco de la elección judicial; el objetivo —ha dicho— es reducir costos y ajustar mecanismos de representación, incluidas las plurinominales. En paralelo, la oposición intenta fijar un marco de alarma, mientras aliados como el PT y el PVEM expresan reservas. El debate, así, se mueve entre sospechas cruzadas.
La pregunta relevante es: si las reglas electorales siguen siendo capaces de garantizar competencia libre, aceptación de resultados y protección frente a la coerción. Y aquí es donde el tema del crimen organizado se vuelve central.
Przeworski advierte que la democracia se vacía cuando las reglas dejan de ser creíbles para los actores. En México, esa credibilidad no sólo se erosiona por la polarización política, sino por la violencia electoral, la intimidación de candidatos, el financiamiento ilícito y la captura territorial de autoridades locales. Cuando un candidato pierde no frente a otro proyecto político, sino frente a una estructura criminal, la aceptación de la derrota deja de ser racional. No hay pacto democrático posible bajo amenaza.
Reducir costos puede ser legítimo, pero si el ajuste se percibe como debilitamiento de capacidades —menos fiscalización, menor presencia territorial, menor protección a funcionarios y candidatos— el efecto puede ser inverso al deseado. La democracia no se abarata sin riesgos en un país donde el crimen organizado disputa el control territorial.
Un ejemplo ilustrativo es la discusión logística que abrió el propio INE sobre la elección de 2027. La posibilidad de empalmar una elección intermedia con una elección judicial inédita plantea problemas reales: más boletas, más filas, más casillas, mayor margen de error. En un contexto de violencia persistente, la sobrecarga operativa no es sólo un problema administrativo, sino un factor de vulnerabilidad.
Lo mismo ocurre con el debate sobre las plurinominales. La crítica ciudadana a las listas cerradas y al control de las cúpulas partidistas es legítima; la partidocracia ha asfixiado la participación y alimentado el desdén hacia la política. Cuando la Presidenta habla de un esquema distinto a la representación proporcional, alude al modelo de la Ciudad de México, donde los “mejores perdedores” acceden a un mecanismo de compensación.
Sin embargo, la representación proporcional cumple una función democrática esencial: amortiguar la captura violenta del poder local, permitiendo que fuerzas políticas accedan a espacios sin depender exclusivamente de la competencia territorial, que en muchas regiones está distorsionada por el crimen. Cambiar el método puede ser razonable en contextos pacíficos; debilitar ese principio sin salvaguardas sería irresponsable en un país donde una parte relevante del territorio enfrenta control criminal.
La propia dinámica de la coalición gobernante confirma que la reforma no es un trámite automático. El escepticismo del PT y el PVEM revela otro punto central del argumento de Przeworski: las democracias sobreviven porque ningún actor puede ganar siempre. Cuando los aliados sienten que una reforma les quita oxígeno político, la negociación se convierte en un freno al impulso hegemónico. Eso no es disfunción; es parte del equilibrio democrático, aunque sea sólo por sus intereses.
A este escenario se suman presiones externas en materia de seguridad y soberanía. La insistencia de Washington y la narrativa de amenaza transnacional recuerdan que la debilidad institucional no es sólo un problema interno. Przeworski subraya que cuando el Estado no garantiza seguridad y legalidad, la ciudadanía empieza a tolerar atajos autoritarios o soluciones de fuerza. Ése es el punto donde la democracia se vuelve frágil.
De cara a las próximas semanas, los escenarios siguen abiertos: un consenso acotado que preserve la autonomía del árbitro y fortalezca capacidades frente a la violencia; una reforma polarizante que erosione aún más la confianza; o incluso la congelación del proyecto. Lo que está en juego no es sólo el diseño electoral, sino la posibilidad de competir sin miedo.
La democracia no se desgasta cuando se discuten las reglas, sino cuando las reglas dejan de proteger a quienes compiten bajo ellas. Sin seguridad, sin fiscalización y sin árbitros fuertes, perder deja de ser aceptable porque deja de ser libre. Y cuando perder deja de ser libre, la democracia deja de serlo también.
