El pasado 18 de enero, fue visto en el aeropuerto de Toluca un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con elementos militares armados a bordo. Se empezó a especular sobre el hecho de que ese avión estuviera en territorio nacional y si esta aeronave contaba con la autorización por parte del Gobierno mexicano para aterrizar en nuestro país. ¿Qué hacía una aeronave del Ejército estadounidense en territorio nacional?
Hoy se sabe que las autoridades estadounidenses y mexicanas han estado en estrecha colaboración desde hace muchísimos años, y que este avión estaba en México como parte de un acuerdo para traer a elementos de los Navy Seals, que son las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos, para brindar capacitación a las fuerzas especiales mexicanas, mientras que elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas viajarían a Estados Unidos para prepararse.
Este tipo de colaboración entre México y Estados Unidos ha sido una práctica recurrente durante años y contempla intercambios de formación, entrenamiento especializado y transferencia de conocimientos. El problema es que, según la Constitución Mexicana, el ingreso de tropas extranjeras y el tránsito de aeronaves militares requieren la autorización del Senado de la República.
El punto de controversia no radica en la cooperación en sí, sino en que el procedimiento legislativo no se habría concluido al momento del aterrizaje del avión el 18 de enero, lo que abrió el debate sobre una posible omisión o irregularidad en el cumplimiento del trámite constitucional.
Documentos mostrados por el exsenador y actual analista político Roberto Gil Zuarth señalan que desde la Presidencia de la República se envió una solicitud de permiso para el programa de capacitación relacionado con este vuelo, la cual fue presentada desde diciembre de 2025 ante el Senado. En ese documento se especifica que llegaría un Hércules C-130al aeropuerto de Toluca como parte de un esquema de cooperación bilateral en materia de capacitación militar. Tal como ocurrió, el avión fue visto en el aeropuerto de Toluca.
Platiqué con Roberto Gil, quien me mostró los documentos en los que se señala que desde el 15 de diciembre de 2025 se enviaron al Senado dos solicitudes formales de autorización. La primera, para que 60 elementos de las Fuerzas Especiales de la Armada de México participaran en un proceso de capacitación en un campo militar en Mississippi, Estados Unidos, durante tres meses. La segunda, para permitir que fuerzas especiales estadounidenses ingresaran a territorio mexicano para realizar capacitaciones en el Estado de México y Campeche.
RAZONES OCULTAS
En la solicitud se especifica claramente que las fuerzas norteamericanas llegarían el 12 de enero a bordo de un Hércules C-130 al aeropuerto de Toluca y que el 18 de enero de 2026 otro avión del mismo tipo recogería a los elementos de la Marina mexicana en ese mismo aeropuerto.
Este tipo de capacitaciones son procesos normales y recurrentes en la relación bilateral y no tienen nada de extraordinario. Sin embargo, el exsenador explicó que sí requieren autorización del Senado, ya que es la Cámara responsable de avalar tanto el ingreso de tropas extranjeras como la salida de tropas mexicanas del país.
No existe nada negativo en que tropas mexicanas se capaciten en Estados Unidos, ni en que fuerzas especiales estadounidenses compartan conocimientos en México; todo lo contrario, especialmente tratándose de unidades altamente especializadas como los Navy Seals, que son las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos.
Gil explicó que estos entrenamientos permiten compartir tecnología, técnicas de inteligencia, manejo de armas y estrategias de supervivencia, algo completamente habitual en la cooperación internacional.
El punto crítico, explicó Gil, fue que gracias a las redes sociales se supo que el Hércules C-130 aterrizó el domingo 18 de enero en Toluca. Al día siguiente se justificó el hecho diciendo que no se requería autorización.
Gil recordó que la Comisión de Marina del Senado había dictaminado favorablemente ambas solicitudes, al considerarlas benéficas para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas. La sesión para aprobarlas estaba programada para el 5 de enero de 2026, pero fue cancelada el 3 de enero tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El argumento fue que no avanzarían en las autorizaciones debido a ese hecho.
El problema, explicó, es que el procedimiento nunca se repuso. No se canceló formalmente la colaboración ni se notificó a Estados Unidos que el Senado no había concluido el trámite. El resultado fue que al menos el vuelo del 18 de enero se realizó sin que existiera la autorización constitucional correspondiente.
Gil Zuarth sostuvo que el Gobierno intentó justificar la operación como si se tratara de un avión civil, cuando en realidad se trataba de una aeronave militar extranjera, con personal armado, que sobrevoló el espacio aéreo de un país soberano. Por ello, insistió, la autorización no es opcional.
Sobre el hecho de que el avión aterrizara en Toluca y no en una base militar como Santa Lucía, explicó que logísticamente las aeronaves pueden aterrizar donde sea necesario, siempre y cuando exista autorización previa para el sobrevuelo y el aterrizaje, algo que estaba explícitamente detallado en la solicitud del gobierno.
Para el exsenador, lo correcto habría sido reconocer la colaboración y explicar con claridad el procedimiento. A su juicio, el trámite se atoró por una decisión política e ideológica tras lo ocurrido en Venezuela.
La realidad es que a México no le conviene romper una colaboración histórica en materia de seguridad con Estados Unidos, una de las pocas áreas de entendimiento sólido entre ambos países.
Gil Zuarth dejó claro que está totalmente a favor de la cooperación con Estados Unidos. Señaló que se trata del principal socio comercial de México, que ambos países comparten enemigos comunes y que el crimen organizado afecta a ambos lados de la frontera. Recordó que la oposición no habría bloqueado las autorizaciones y que incluso se contemplaba un periodo extraordinario para aprobarlas.
Finalmente, destacó que la cooperación en seguridad no es nueva: incluye formación militar y civil, capacitación del FBI a policías mexicanos, la creación de unidades antisecuestro y el trabajo conjunto con agencias como la DEA.
Todo ello, insistió, debe hacerse con transparencia, respeto a la Constitución y con verdad, no con discursos ideológicos ni simulaciones de soberanía.
La colaboración en capacitación en temas de seguridad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos beneficia a ambos países. Lo grave es cuando la ideología se interpone entre la seguridad y la relación bilateral entre ambos países.