Seguimos esperando la iniciativa presidencial de reforma electoral. Hasta ahora no es claro si el retraso responde a desacuerdos dentro de la coalición gobernante o a una estrategia para aprobarla en fast track al inicio del próximo periodo ordinario.
Antes de que el Ejecutivo envíe su propuesta al Congreso, convendría que la comisión responsable revise con atención el reciente proceso de revocación de mandato celebrado en Oaxaca el pasado 25 de enero. Se trata de un ejercicio plagado de hallazgos que exhiben con nitidez los problemas de diseño y operación de esta figura. La experiencia mexicana confirma que la revocación de mandato, tal como está regulada y utilizada, exige una cirugía mayor. De no corregirse de fondo sus distorsiones, insistir en su permanencia sólo seguirá debilitando el sistema electoral; en ese escenario, la opción responsable sería suspender o incluso abrogar esta figura antes de que termine de vaciarse de sentido democrático. Señalo dos ejemplos.
Resulta evidente que el primer ejercicio local de revocación de mandato se llevó a cabo desnaturalizando por completo la figura. La legislación es clara: la revocación de mandato es un mecanismo activado a solicitud de la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada del cargo de gobernador, como consecuencia de una pérdida de confianza. Parecería una obviedad, pero conviene subrayarlo: no se trata de un instrumento promovido desde el poder para hacer campaña, legitimarse políticamente o fortalecer su aparato electoral. Cuando ocurre lo contrario, la revocación deja de ser un contrapeso democrático y se convierte en una herramienta de populismo electoral.
La 4T se agarra fuerte para no soltarse
Las reglas de difusión son, en principio, claras: únicamente el órgano electoral puede realizar la promoción institucional del proceso de revocación de mandato, y está expresamente prohibido que partidos políticos, gobiernos u otros actores contraten propaganda en medios electrónicos para influir en la opinión de la ciudadanía. Sin embargo, la propia normativa introduce una excepción que termina por vaciar estas restricciones de contenido, al permitir que la ciudadanía exprese su posicionamiento por todos los medios a su alcance, de forma individual o colectiva. Esta ambigüedad dinamita cualquier intento de regulación efectiva y rompe las condiciones mínimas de equidad entre las posiciones en disputa. El resultado fue evidente: en comunidades y poblados aparecieron pintas, afiches y espectaculares con la imagen del gobernador, presuntamente financiados por “ciudadanos”.
El diseño y la normatividad de la revocación de mandato presentan deficiencias estructurales profundas. Si a ello se suma la versión —cada vez más insistente— de adelantar la revocación a nivel federal, prevista para 2028 al año 2027, el resultado sería un verdadero Frankenstein electoral. Mezclar un proceso ordinario, inevitablemente protagonizado por los partidos políticos, con un mecanismo que se pretende ciudadano, es una receta segura para el fracaso institucional. A ello se añade un elemento nada menor: la eventual presencia de la Presidenta en la boleta en las elecciones intermedias, con los efectos ya conocidos en términos de polarización y distorsión de la competencia. Lejos de fortalecer la rendición de cuentas, una combinación así sólo profundizaría la confusión normativa y el desgaste del sistema electoral.
