No es nada nuevo el interés de distintos gobiernos en tener injerencia en las universidades públicas.
Dado que buena parte del capital humano del país se forma en dichas instituciones, financiadas principalmente con recursos públicos, la tentación de incidir en ellas es —lamentablemente— muchas veces difícil de resistir. Veamos algunos casos recientes.
Desde luego, el más escandaloso y mediático es el de la Universidad de Campeche. Hace unas semanas, la noticia atrajo de inmediato la atención: José Alberto Abud Flores, el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, fue detenido, junto con su esposa y su chofer, presuntamente por posesión de drogas en su automóvil.
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Prácticamente de inmediato se le dio por destituido como rector y —contra lo establecido en la reglamentación universitaria en el sentido de que quien ocupara la secretaría general académica asumiría interinamente la Rectoría— se inició un proceso exprés para que el Consejo Universitario procediera directamente a la elección de uno nuevo. Han circulado profusamente las presiones a las que fueron sometidos los integrantes del Consejo Universitario para realizar el nombramiento de la rectora sustituta.
Abud Flores denunció públicamente la serie de violencias e irregularidades existentes en su detención y destitución y, con el paso del tiempo, la maniobra que dio lugar a la infamia se fue aclarando: un proceso plagado de ilegalidades por donde se le vea.
Como era de esperarse, Abud recibió un fuerte respaldo por parte de su comunidad universitaria y de otras instancias. Destaca el posicionamiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: “La ANUIES exige a las autoridades competentes actúen con estricto apego a la legalidad y al debido proceso, respetando en todo momento la autonomía universitaria y sus derechos humanos (…) es fundamental que se garantice el acceso a la verdad y la justicia, esclareciendo los hechos con una puntual aplicación de la ley sin sesgos políticos”. Lo cierto es que este caso es un lamentable ejemplo de violación de la autonomía universitaria y de la tentación, desde el Gobierno, de interferir en los mecanismos para el nombramiento de autoridades en universidades públicas. Un paréntesis que también ilustra la situación política en Campeche: véase el sainete de la semana, derivado de las presiones para aprobar deuda pública que generó una fractura en el bloque legislativo oficialista y que derivó en la pérdida del control del Congreso.
Sigamos con la Universidad Nacional Autónoma de México. Es evidente que, en una comunidad tan inmensa, integrada por cientos de miles de personas, pueden surgir genuinamente distintas situaciones que lleven a sectores a plantear demandas legítimas a las autoridades universitarias. Pero si se observa con detenimiento el último ciclo de protestas, ocurrido durante el segundo semestre del año pasado, se pueden encontrar actores y demandas que no tienen nada que ver con la misión de la universidad. Dentro de la vastedad y pluralidad de personas que integran la comunidad de la UNAM, resulta incomprensible que pequeños grupos generen tantas afectaciones en la vida académica de facultades y escuelas de la máxima casa de estudios.
Para cerrar, una nota de optimismo. Finalmente terminó la larga noche de poco más de cuatro años de lo que en su momento fue conocido como “el golpe al CIDE”, una institución de excelencia que, durante la administración del director general recientemente destituido, vio cómo paulatinamente se dilapidaba el enorme capital académico construido a lo largo del tiempo. Con justificada razón, la comunidad del CIDE ve en el nombramiento de Lucero Ibarra la ocasión para recuperar el esplendor de esa institución.
