Hay casos de violencia cuya gravedad no proviene sólo de los hechos, sino del contexto que los rodea. La combinación de abuso, impunidad y silencio institucional produce una incomodidad particular: obliga a reconocer fallas que no son individuales, sino sistémicas. Cuando esa incomodidad no se procesa políticamente, suele desplazarse hacia otro terreno.
AHÍ APARECE EL PREJUICIO ESTRUCTURAL. No se trata del insulto abierto ni del rechazo explícito. El prejuicio estructural funciona como un marco interpretativo previo que orienta la lectura de los hechos antes de que empiece el análisis. Permite asignar sentido a lo perturbador sin examinar las condiciones que lo hicieron posible. No crea el mal, pero lo desplaza: lo presenta como el efecto de identidades o grupos —“las élites”, “los sionistas”, “ellos”— en lugar de interrogar a las instituciones.
El movimiento es reconocible. Ante abusos prolongados y documentados, la pregunta deja de ser qué falló en las fiscalías, en los tribunales, en las universidades o en los circuitos de poder económico. En su lugar, se busca una explicación que personalice o identifique al mal, como si este pudiera localizarse fuera del entramado institucional que lo sostuvo.
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Este desplazamiento no es un error aislado sino que cumple una función. El prejuicio estructural reduce la complejidad del diagnóstico y aligera la carga moral que implicaría aceptar que el problema es institucional. Si el origen del mal está en “ellos”, no es necesario revisar procedimientos, incentivos ni omisiones. La responsabilidad se diluye.
El caso de Jeffrey Epstein ilustra bien esta deriva. Frente a delitos graves, víctimas concretas y fallas reiteradas del sistema de justicia, parte del debate público optó por explicaciones que sustituyen el análisis estructural por lecturas identitarias. Conceptos políticos con historia y contenido se vacían y se convierten en etiquetas de sospecha. El foco se desplaza: ya no importa cómo operó la impunidad, sino a quién resulta más sencillo señalar.
El efecto es problemático en más de un sentido. Por un lado, se normaliza el prejuicio bajo la apariencia de crítica política. Por otro, se pierde de vista lo central: la violencia sexual como fenómeno sostenido por redes de protección institucional, no por identidades abstractas. Las víctimas quedan en segundo plano, mientras la discusión se reorganiza alrededor de narrativas que no exigen reformas ni rendición de cuentas.
El prejuicio estructural es funcional al poder porque despolitiza el problema. Convierte una pregunta exigente —qué falló en el sistema— en una acusación difusa que no compromete a nadie en concreto. Mientras la atención se concentra en explicaciones identitarias, las estructuras que permitieron el daño permanecen intactas.
Las democracias no se debilitan sólo cuando toleran abusos. También lo hacen cuando se aceptan relatos que reemplazan el análisis institucional por atajos interpretativos. Cuando el prejuicio empieza a ocupar el lugar de la explicación, suele ser señal de que hemos dejado de mirar donde realmente se juegan las responsabilidades.
