Los acuerdos firmados esta semana entre México y Estados Unidos para el manejo del agua en toda la zona limítrofe, que ampliaron el firmado en 1944 por otros cinco años, son una pieza clave en las relaciones bilaterales y en la complementariedad económica entre los dos países, alcanzados luego de varios meses de controversias porque, como en muchos otros temas, el gobierno de López Obrador no había cumplido con los compromisos adquiridos en la materia.
Tuvo que llegar una durísima reclamación diplomática de la Casa Blanca para que ambos gobiernos se sentaran a negociar y se alcanzara este acuerdo, con un papel protagónico en la negociación del canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio.
El principal instrumento que regula el uso compartido de agua entre nuestra nación y Estados Unidos es el tratado de aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo (conocido como Tratado de Aguas de 1944), que entró en vigor en 1945, como parte de la estrecha cooperación entre ambos países.
Básicamente, establece que México debe entregar a Estados Unidos agua del río Bravo (río Grande, lo llaman del otro lado de la frontera) y que el país vecino debe entregar agua del río Colorado a México. Una Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA o IBWC) supervisa su cumplimiento. Este tratado ha funcionado eficientemente durante décadas, pero a partir del final del siglo XX y en el XXI ha enfrentado problemas por sequías más largas y graves, lo que ha complicado las entregas de agua pactadas.
Durante el pasado sexenio, en el ciclo 2020-2025, México no cumplió plenamente con la cantidad de agua que debería haber entregado a Estados Unidos, según lo estipulado por el tratado, argumentando, en parte con razón, la existencia de fuertes sequías, y en parte por una decisión política.
El incumplimiento generó tensiones, sobre todo con agricultores del sur de Texas que dependen del agua del río Grande para riego. En 2025 hubo amenazas de parte de la administración estadounidense de imponer aranceles si no se cumplían las obligaciones de entrega de agua. Todo eso se daba al mismo tiempo en que crecían las tensiones por los temas migratorios y de tráfico de fentanilo, con desacuerdos comerciales y económicos, y con el riesgo de que todos esos temas se terminaran negociando en un mismo paquete, complejizando seriamente toda la situación.
En diciembre de 2025, para enfrentar ese reto, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo dentro del marco del Tratado de Aguas de 1944.
Se acordó fortalecer la gestión del agua en la cuenca del río Bravo. México se comprometió a entregar agua adicional para saldar parte del déficit de ciclos anteriores.
El plan se diseñó para cumplir tanto con las obligaciones actuales como con la compensación por agua faltante.
Esta semana, nuestro país y EU renovaron y ajustaron los compromisos de entrega de agua bajo el Tratado de 1944 con los siguientes puntos clave: México acordó entregar un mínimo fijo de agua cada año durante el actual ciclo de cinco años, que será de aproximadamente 350 mil acres-pies por año (equivalente a unos 432 millones de metros cúbicos anuales). Esta garantía anual busca hacer más predecibles las entregas y evitar que se acumulen “deudas de agua” que perjudiquen a agricultores y comunidades estadounidenses.
Se acordó trabajar coordinadamente, con reuniones mensuales entre autoridades de ambos países, para asegurar que las entregas se cumplan de forma oportuna.
El acuerdo también incluye mecanismos para saldar la deuda acumulada del ciclo anterior de agua no entregada.
El compromiso también busca resolver desafíos de sequía en la cuenca fronteriza, equilibrando la entrega de agua de acuerdo con las necesidades de consumo humano y agricultura de ambas naciones.
La renovación del acuerdo implicó no sólo reuniones técnicas, sino también negociaciones diplomáticas y hasta la intervención de los presidentes de México y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, para evitar tensiones comerciales o sanciones por incumplimiento.
El tema del agua, sobre todo para México, pero también para Estados Unidos, es un asunto de seguridad nacional debido, en nuestro caso, a su escasez creciente, su vitalidad para la vida y la economía, y su potencial para generar conflictos sociales y políticos. Su manejo inadecuado amenaza la estabilidad del Estado.
ESTRECHA RELACIÓN
En México, la escasez hídrica actúa como un multiplicador de riesgos, exacerbado por el cambio climático, las disputas por fuentes compartidas y actividades ilícitas como minería ilegal o cultivos prohibidos, que fomentan violencia y una “economía criminal del agua”. Esto eleva el agua al nivel de la defensa militar o la ciberseguridad, y es parte de programas sectoriales como el de Seguridad Nacional.
Incluso entre las actividades del crimen organizado, el control del agua se ha convertido en uno de los más importantes por el peso que tiene en la estructura económica y para el control social. Lo acabamos de ver con los operativos realizados en el Estado de México o en la lucha por el control de las juntas de agua en Sinaloa, entre los grupos de los chapitos y los mayitos.
Pocas cosas podrían ser tan desestabilizadoras para la frontera como la falta de acuerdo o la ruptura del convenio de 1944 sobre el agua entre México y Estados Unidos. No es un dato menor que se haya podido renovar por cinco años más, en condiciones favorables para los dos países.
