La inoperancia gubernamental tiene consecuencias —tarde que temprano—, aunque unas pueden ser mucho más delicadas que otras.
Ni bien ganó las elecciones, el anterior presidente de nuestro país comenzó a enarbolar un discurso de que —con él— las cosas se harían diferente y que —entre otras cosas— cortaría de tajo con toda práctica o proceso que llevara a desvío de recursos y actos de corrupción.
Al respecto —quizás como su acto penosamente más emblemático—, una consulta no vinculante hecha al vapor y sin la más mínima rigurosidad logística y metodológica, le bastó para justificar su personalísima decisión —aun sin siquiera haber tomado posesión del cargo— de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco —a pesar de lo avanzado del proyecto—, con las lastimosas consecuencias que ya conocemos y que saltan a la vista inmediatamente, cada que es necesario utilizar o transitar por el aeropuerto de la Ciudad de México.
Jalón de orejas a Paco Vázquez
Sin embargo, ése no fue el único proceso que se vio interrumpido muy ineficientemente y sin reparar en las secuelas que podría generar, en aras de alimentar un falso discurso de renovada eficacia gubernamental y combate a la corrupción. También se suspendió la compra de medicamentos, so pretexto de eliminar sobreprecios y terminar con prácticas indebidas en la asignación de contratos.
Lo que nadie le advirtió al novel gobierno es que la compra consolidada de medicamentos para el sector salud es bastante compleja, con un cronograma de plazos muy específico que requiere planearse y ejecutarse puntualmente con meses de antelación, para poder asegurar el abasto suficiente de medicamentos —incluidas vacunas— anualmente.
A ello habría que sumar que el equipo de transición de aquel entonces, específicamente del sector salud, llegó tarde a hacer su chamba y a hacerla mal. No repararon en que su primera tarea, mucho antes de revisar el organigrama y repartirse el pastel de puestos y plazas, consistía en asegurar la existencia y suministro de medicamentos de los meses e, incluso, años siguientes.
Fallar en una de las etapas de la operación, inmediatamente afecta la producción y posterior cadena de suministros de medicinas, con consecuencias que —para el caso— impactan, nada más y nada menos, que en la salud pública del país entero. Y justo eso fue lo que sucedió: no sólo no se abarató la compra de medicamentos ni se transparentó la asignación de los contratos respectivos; sino que se compró tarde y se compró mal, lo que de inmediato generó escasez.
Es así que la falta de medicamentos fue generalizada a lo largo del sexenio pasado y, consecuentemente, la aplicación del esquema universal de vacunación de nuestro país —entonces prestigiado a nivel internacional y que había funcionado exitosamente durante las últimas dos décadas—, se vio interrumpido por el capricho y la ineptitud de una nueva administración en ejercer sus funciones.
Y sí, el confinamiento producto de la pandemia por Covid empeoró las cosas. Pero muy claro debe quedar que el rebrote de sarampión —entonces erradicado en México—, se debió a decisiones que se tomaron hace siete años, con el inicio de la “transformación”. Ahora padecemos las consecuencias.
