Hoy la Presidenta Sheinbaum presentará la propuesta de reforma electoral, la primera que, desde la de 1979, no ha sido consensuada con todas las fuerzas políticas, del oficialismo y la oposición. Ya veremos qué resulta de ella, pero lo que sabemos hasta ahora es muy poco alentador.
Pero más allá de todo eso, lo que resulta, hasta ridículo, es la forma en la cual el Gobierno y los partidos políticos desatienden su responsabilidad de evitar que el narcotráfico penetre en las campañas electorales.
No es una especulación: sabemos cómo, por ejemplo, el dinero de Sergio Carmona, asesinado en noviembre de 2021, financió campañas de Morena en los comicios de ese año. Cómo en muchas ocasiones el narcotráfico ha participado en todo tipo de campañas, sobre todo a nivel local; cómo ha elegido presidentes municipales, ha determinado más de una campaña a gobernador y cómo, por lo menos, ha tratado de intervenir en campañas presidenciales.
Mayer, al banquillo guinda
Olvidemos por un momento a los partidos o candidatos beneficiados. Vamos al centro del problema.
Sabemos que el narcotráfico ya ha penetrado, desde tiempo atrás, la política y las campañas electorales. Son los partidos los que deben conocer a sus candidatos y establecer mecanismos de control con el fin de evitar que lleguen candidatos oscuros y que dinero sucio financie esas campañas.
Es evidente que, en 2006, 2012 y 2018 y en las respectivas elecciones intermedias, hubo campañas donde el narcotráfico hizo mucho más que guiños para apoyar a ciertos candidatos, y ya había ocurrido desde tiempo atrás. Después de la elección de 2018 decíamos en el programa Todo Personal que muchos de los ajustes de cuentas y asesinatos de policías o funcionarios locales que comete el narcotráfico se relacionan con esos fenómenos: financian campañas, exigen las designaciones clave en las áreas de seguridad y también las obras públicas y hasta las juntas de aguas. Cuando no se cumplen los compromisos, o cuando se cumplen con el grupo “equivocado”, el dinero suele dar paso a las armas. Eso se ha agudizado de forma notable desde 2021 hasta la fecha.
INICIATIVA PRESIDENCIAL
Eso será mucho más evidente en la elección de 2027, cuando se elegirá a 17 gobernadores, a los alcaldes, al Congreso de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados, cientos de presidentes municipales, miles de cargos locales, la mitad del Poder Judicial y habrá, dicen, además, una consulta de revocación de mandato. El crimen organizado sigue controlando buena parte del país, como se demostró con las reacciones que siguieron a la muerte de El Mencho.
Lamentablemente, el diseño bajo el que funcionan las leyes electorales y las nuevas iniciativas propuestas, por lo menos en lo que se conoce hasta ahora, propician una presencia mayor del dinero sucio del narcotráfico y de otros orígenes en las campañas y harán más difícil su detección.
Al centralizar toda la operación y al darle un poder aún mayor sobre las campañas a las dirigencias nacionales, a un Instituto Electoral federal que no tendrá instancias locales, los candidatos en los municipios y distritos deberán tratar de mantener su presencia en campañas crudamente centralizadas y legalmente no podrán recurrir, siquiera, a publicidad privada si sienten que están abajo o que no tienen suficiente presencia.
Ahí es donde entrará el dinero sucio, que no ingresará formalmente a la campaña, pero financiará los capítulos subterráneos de la misma.
Los partidos, el Gobierno o el INE, nos quieren tomar el pelo cuando dicen que se deben controlar las campañas a partir de las aportaciones o de los spots registrados. No llegará ningún cheque firmado por Los Chapitos, La Mayiza o el CJNG. Llegará el dinero vía los distritos, los municipios y, desde allí, se financiará todo lo que la ley no cubre y, en muchas ocasiones, lo que también contempla.
Es verdad que se propondrá que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se encargue de otorgar una suerte de certificado de buena conducta a los futuros candidatos. Sabemos que eso no alcanza. Ahí está el alcalde de Tequila, Diego Rivera, preso por su relación con el narcotráfico para comprobarlo, o Hernán Bermúdez en Tabasco para confirmarlo.
El CNI no puede estar investigando la vida privada de miles de candidatos. Si lo hiciera de verdad, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los propios partidos, porque nadie sabe si la investigación sería igual para los oficialistas que para la oposición.
Incluso si se diera luz verde al CNI para realizar esas investigaciones y se encontrara algún indicio de relación con el narcotráfico de algún candidato, ¿quién lo aceptaría, sobre todo si se tratara de candidatos de peso?
Y finalmente, si se encontraran esos indicios, no habría que advertirle al partido, sino iniciar una averiguación previa contra el presunto delincuente. ¿Avanzaría alguna? ¿Cuántos funcionarios y políticos han sido denunciados en los últimos meses? ¿Alguno ha tenido que comparecer ante la justicia? Recordemos nuevamente el caso de Sergio Carmona y todos sus derivados.
Está prohibida, además, la publicidad negativa sobre los candidatos, y se agudizará más con las denuncias por supuesta violencia de género o el derecho de las audiencias.
Supongamos que un candidato sea denunciado por sus relaciones con el narcotráfico: ¿quién podrá hacerlo públicamente? A la sociedad ni siquiera se le permite acceder a espacios publicitarios, y si de alguna manera lo hicieran, esa denuncia estaría prohibida, salvo, obviamente, que el asunto terminara ante el Ministerio Público.
¿Qué ocurrirá? Habrá campañas negativas realizadas desde los subterráneos del poder y el crimen. Y ahí entrará, nuevamente, el dinero del narcotráfico.
Nada de eso está contemplado en la próxima reforma y no se ve que vaya a haber un debate de fondo sobre el tema. El dinero sucio seguirá fluyendo en los comicios de 2027.
