El domingo ocurrió el mayor golpe que el actual gobierno ha asentado al crimen organizado.
Esa mañana transcurría con regularidad en las principales ciudades de Jalisco: se corría una edición más de la media maratón de Guadalajara y, en Puerto Vallarta, se sucedía un amanecer idílico para el turismo. Con el correr de las primeras horas, todo cambió en la entidad y en buena parte del país.
La noticia de la captura y de la muerte de uno de los principales objetivos criminales, no sólo del Gobierno mexicano, sino también del de Estados Unidos, de inmediato acaparó la atención nacional e internacional. En respuesta, los criminales rápidamente realizaron bloqueos en calles y carreteras, no sólo en Guadalajara, Puerto Vallarta y otras regiones de Jalisco, sino también en una veintena de estados. Era de esperarse, considerando la presencia que tiene en buena parte del país la organización criminal cuyo líder fue abatido. En realidad, también es un cártel trasnacional.
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Entre los aciertos que se pueden atribuir a este Gobierno, hay que reconocer sin ambages que éste es un importantísimo golpe de Omar García Harfuch y de las Fuerzas Armadas, en una operación militar y de inteligencia, con lamentables bajas de efectivos militares. Desde luego, posible gracias a la colaboración en inteligencia con Estados Unidos.
El golpe del domingo es relevante por varias razones. Nadie espera que la Presidencia actual haga una revisión
—menos aún una crítica— a la política de seguridad del sexenio anterior; pero, sin necesidad de hacer un deslinde o un pronunciamiento, lo cierto es que el combate frontal a las organizaciones del crimen organizado es un paso en la dirección correcta para separarse de la lamentable estrategia de “abrazos y no balazos”, tan permisiva para que cárteles y otras organizaciones delictivas fueran avanzando exponencialmente en territorios y población sometida, con lo que la actividad criminal y violenta en el país rebasó cualquier índice y diversificación, hasta el grado de llegar a un punto de no retorno. Una de sus más graves vertientes fue la proliferación del “narcogobierno”, de lo que se reportan profusa y recientemente casos lamentables. Ésa es la gravedad de la herencia del obradorato y la importancia de reconocer, así sea tácitamente, que golpes como el que se dio el domingo pasado siguen siendo necesarios.
También hay que señalar que, dentro del ambiente de caos y zozobra durante las primeras horas, la ausencia de información fue una omisión sorprendente. En este sentido, hay que señalar la primera y oportuna comunicación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
Desde luego hay muchos aspectos a considerar, más allá del éxito en el operativo. Como suele suceder en estos casos, las respuestas del crimen organizado generan espirales de violencia. Habrá que ver si la coordinación intergubernamental en los tres ámbitos y los recursos militares y policiacos tienen una estrategia para reconvenir a la paz y al orden en Jalisco, y que no se repita lo que ha ocurrido en Sinaloa. Si bien es un acierto descabezar el liderazgo criminal, lo fundamental es la titánica encomienda de debilitar a la organización completa, al grado de terminar con su estructura financiera y logística, para que el golpe no termine simplemente con el reemplazo del líder.
Las cosas como son: el país está mejor sin un criminal tan sanguinario como el abatido el 22 de febrero. Y, como corresponde, la solidaridad con todas las víctimas y personas afectadas por su actividad delictiva.
