Desde que, en agosto del año pasado, se anunció la creación de una comisión presidencial para la elaboración de una propuesta de reforma político- electoral, entre las interrogantes de mayor pertinencia se contaban, de entrada, si realmente era necesaria y, en caso de efectivamente proponerse y eventualmente aprobarse, qué tan regresiva podría ser.
Que fuera a modo del régimen, desde el inicio se dio por descontado, pues no tendría en cuenta las voces de la oposición ni de la sociedad civil, contrariamente a lo que sucedió con las reformas político-electorales de los 30 años previos.
El anuncio de la reforma vino acompañado de argumentos muy debatibles: la “satanización” de los legisladores de representación proporcional; que las elecciones en México son las más caras del mundo o que el financiamiento público partidario actual es inequívocamente insostenible.
El funeral y el todo
Si se considerara necesaria una reforma electoral, ésta tendría que atender aspectos tan importantes y urgentes, como garantizar que no se vuelva a dar una sobrerrepresentación tan obscena como la que tiene hoy la coalición legislativa gobernante, con una absurda e inconstitucional desproporción entre la votación popular y la conformación de la Cámara de Diputados, avalada por las autoridades electorales, gracias a mañosos convenios de coalición que permiten el trasvase de votos; impedir que el uso de recursos públicos favorezcan a los candidatos del oficialismo y que, cada día, en las conferencias matutinas, se haga propaganda a favor del régimen, violando la Constitución; u obligar a las autoridades de seguridad correspondientes —no a las electorales— y a los partidos políticos a que se responsabilicen plenamente de impedir que el crimen organizado financie campañas o postule candidaturas. Pero nada de esto está incluido en la reforma que el régimen propone.
Ante la ausencia de una iniciativa formal, en los días previos, el único instrumento oficial sobre el que se generó la discusión y el debate fue una presentación de 8 laminas y apenas un decálogo de temas que no resisten los menores estándares de congruencia, consistencia y ya no digamos progresión de derechos democráticos.
Hay que señalar que, por lo menos, en la propuesta planteada se mantienen las 200 diputaciones de representación proporcional, aunque se propone un esquema complejo, todavía indescifrable, que contempla “mejores perdedores”, asignaciones paritarias por circunscripción y una bancada de diputaciones migrantes. Esto último puede cambiar en cualquier momento en los micro ciclos de negociación para ver si la reforma constitucional cuenta –o no— con los votos para aprobarse.
En su momento, la Presidenta de la República reprochó a quienes criticaban una reforma electoral que no conocían (porque, en efecto, no se había socializado ningún texto de la iniciativa), diciendo que “le iba a gustar a todos”. Al momento de escribir estas líneas, ni siquiera a los aliados legislativos del partido en el Gobierno —ésos que le han acompañado en todas las reformas que han destruido la institucionalidad democrática que les permitió llegar al poder— les gustaron los temas medulares planteados en la propuesta. Consecuentes con sus intereses, no acompañan la eliminación o reducción de legisladores plurinominales y un recorte a su financiamiento público.
Lo que es un hecho es que Morena cuenta con suficientes legisladores para, por sí mismo, aprobar una reforma a la legislación secundaria que pudiera ir contra la autonomía de la autoridad electoral (empezando por la cuestión presupuestal) y, más grave aún, contra la joya de la función electoral: el servicio civil de carrera.
