Si queremos entender por qué México ha estado atrapado en una situación de violencia que parece insuperable, debemos reconocer la existencia de un cocktail estructural que ha sido catastrófico:
1.- La exclusión juvenil en México tiene varias causas (bono demográfico mal absorbido, falta de acceso a carreras técnicas y universitarias demandadas por el mercado laboral, entre otras), pero la automatización, robotización y, ahora, la inteligencia artificial, agregan una presión adicional sobre el mercado laboral. Como dice la gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, la IA eleva la productividad, pero también aumenta el desempleo. En un país con alta vulnerabilidad juvenil, ese desajuste se convierte en un riesgo de seguridad.
1.- La exclusión juvenil en México no nació con la IA, fue el resultado de generaciones enteras que no encontraron suficientes estaciones donde subirse al tren del progreso y de la concentración de la riqueza en sectores urbanos y globalizados. La IA agrega una presión adicional.
2.- Las organizaciones criminales ofrecían los trabajos que no daba la sociedad lícita, gracias al capital que acumularon durante décadas por surtir de droga al mercado estadounidense. Lejos de ser actores marginales, los cárteles han funcionado como empleadores alternativos en zonas donde la economía formal es débil, ofreciendo ingresos inmediatos a chavos que carecían de perspectivas claras de ascenso en la vía legal.
3.- Y había justicia VIP para los que eran capturados, alta protección procesal a muchos acusados, mediante jueces súper bien pagados que repetían el mantra de que “el Estado es el responsable de hacer bien las cosas”. La estructura del control de constitucionalidad en México (orientada primordialmente a proteger garantías contra el poder estatal arbitrario) creó un sistema donde la protección de derechos procesales superó con mucho la capacidad del Estado para articular una respuesta penal efectiva.
4.- Finalmente, estaba la baja capacidad de investigación, con ministerios públicos mal pagados y mal capacitados. Mientras los delincuentes contaban con defensa VIP, las fiscalías y ministerios públicos carecían de recursos técnicos, económicos y humanos para construir casos sólidos, lo que se tradujo en carpetas mal integradas, procesos que se desmoronaban y un déficit de justicia efectiva.
Esta combinación fue catastrófica porque generó la trampa de baja capacidad estatal y alto reclutamiento criminal. A mayor exclusión social y con defensa legal VIP, era rentable para muchos jóvenes participar en circuitos ilícitos.
La esperanza es que estamos empezando a abandonar ese cocktail catastrófico. Junto con la promesa de productividad de la IA, hoy tenemos programas sociales para jóvenes desplazados por ésta y, progresivamente, la semana de 40 horas. El protagonismo ya no lo tienen juzgadores obsesionados con detener el “punitivismo”, sino policías como Omar García Harfuch y Pablo Vázquez. Además, la cruzada de Donald Trump contra el ingreso de drogas corta ingresos a las organizaciones criminales. Aún mueren y desaparecen cientos, pero podríamos estar en la vía correcta.