Ya llegamos de nuevo al 8 de marzo y entre nuevas desapariciones, otros datos y las vallas, parece que no nos hemos movido de lugar en realidad, en muchos años…
Se presentan cifras “esperanzadoras” y los gobiernos hablan de avances, pero hay una zona que resulta muy incómoda para los discursos oficiales y prefieren omitirla: el lugar donde la violencia contra las mujeres se cruza con el crimen organizado, la cárcel y la desaparición.
Ahí no son las protagonistas glamorosas del narco como en las series de televisión, sino el eslabón más vulnerable de toda la cadena, la carne de cañón.
LA PRESIDENTA Y EL MUNDIAL.
En México hay más de 15 mil mujeres privadas de la libertad, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2024 del Inegi.
6 de cada 10 están encarceladas por delitos relacionados con drogas y muchas son los escalones más bajos de las redes criminales: las llamadas “mulas”, encargadas de trasladar paquetes o almacenar sustancias.
No dirigen cárteles ni controlan territorios. Son fácilmente reemplazables.
El documento “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en las Américas” de la OEA, documenta que muchas de estas mujeres fueron reclutadas o presionadas por parejas sentimentales, familiares o conocidos, en contextos de violencia económica o dependencia afectiva.
Es decir que ingresan al circuito criminal más por vulnerabilidad, que por ambición.
Y dicha violencia no se limita al sistema penitenciario, está palpable en las calles, en la falta de oportunidades, en las desapariciones y feminicidios que siguen acumulándose.
Las cifras oficiales lo muestran con crudeza. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo en enero pasado se contabilizaron 54 víctimas de feminicidio en México.
Los estados con más casos fueron Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas. Y los hechos de los últimos días confirman la tendencia.
El feminicidio de Kimberly Joselín Ramos Beltrán en Morelos, y poco después, el reporte de desaparición y muerte de Karol Toledo Gómez, y al final de la semana, el reporte de desaparición de Stephany Alondra Contreras Galarza, todas estudiantes de la misma institución, lo que encendió nuevas alarmas y más movilización de colectivos de búsqueda y organizaciones universitarias.
En el Estado de México, el caso de Ana Karen Nute, de 19 años, reportada como desaparecida después de solicitar un mototaxi por aplicación y localizada sin vida, volvió a exhibir el peligro cotidiano que enfrentan miles de mujeres.
Los datos del SESNSP señalan que durante 2025 desaparecieron 12 mil 474 mujeres en México, es decir, 34 por día.
Sabemos que muchos de estos casos terminan con hallazgos fatales y sabemos también que muchos de estos asesinatos de mujeres no se investigan, ni se clasifican como feminicidio, lo que fácilmente distorsiona las estadísticas.
Y hay otro frente más: las madres buscadoras.
133 mil personas desaparecidas o no localizadas, es el tamaño de la crisis que México enfrenta, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Ante la incapacidad institucional para resolver miles de estos casos, familiares que son principalmente mujeres, han creado las redes ciudadanas de búsqueda que hoy suman más de 200 colectivos en el país, que reúnen a cientos de madres que caminan desiertos, montes y terrenos baldíos buscando fosas clandestinas.
El asesinato reciente de Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre buscadora en Mazatlán —la segunda en este año— visibilizó otra vez el riesgo en el que viven quienes deciden hacer el trabajo que le correspondería a la autoridad.
Según Amnistía Internacional, al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en México entre 2011 y 2025, muchos de ellos integrantes de colectivos de búsqueda.
A ese dramático escenario se suma la historia de Susana Ayala, quien busca a su hijo desaparecido en Sinaloa desde hace 10 años.
Su lucha es el espejo de miles de madres que, como ella, se fueron convirtiendo en investigadoras, activistas y buscadoras ante la ausencia de los resultados que queda a deber el Estado o que entrega demasiado tarde, porque algunas hoy también son tumbas.
Por eso el 8 de marzo —o todos los días— es buen momento para mirar las zonas donde la violencia es casi invisible: las mujeres utilizadas por el narco como transportistas de droga. Las que pasan años en prisión por delitos menores mientras los líderes criminales permanecen libres. Las estudiantes que desaparecen al salir de la universidad. Las madres buscadoras que arriesgan la vida tratando de encontrar a sus hijos, o al menos sus restos, son parte de la misma dramática historia.
Ésa que termina por borrar el boceto de una vida libre de violencia para las mujeres en México, porque aún no logra ser una realidad accesible por igual para todas…
