El 4 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.
La propuesta modifica once artículos y fue anunciada como un “decálogo por la democracia”, pero en realidad puede leerse a partir de cuatro ejes: la reducción del costo de la democracia, el fortalecimiento de la democracia directa, la reingeniería de la representación proporcional y la regulación de las nuevas tecnologías en materia electoral.
Se trata del tercer intento de los gobiernos de Morena por modificar las reglas del juego democrático. Los dos primeros —el Plan A y el Plan B del sexenio de López Obrador— buscaban, entre otras cosas, eliminar a los diputados de representación proporcional, sustituir al INE por un nuevo órgano electoral con consejeros electos por voto popular y desmantelar buena parte de la estructura distrital del árbitro electoral. El primero no reunió la mayoría calificada necesaria ante la oposición de PAN, PRI y PRD; el segundo fue frenado por la Suprema Corte.
LA PRESIDENTA Y EL MUNDIAL.
La iniciativa de Sheinbaum, digamos un Plan A’, tiene la virtud de no meterse con la autonomía del INE, pero al mismo tiempo confirma una preferencia por una democracia mayoritaria antes que por una democracia pluralista, y favorece más a los partidos grandes que a los medianos y pequeños. Su viabilidad legislativa, además, es baja. En la Cámara de Diputados, Morena está lejos de construir por sí solo la mayoría calificada; en el Senado, tampoco le alcanza sin aliados. Y ahí aparece una de las tensiones centrales de la propuesta: para salir adelante necesitaría los votos de fuerzas políticas que, precisamente, resultarían perjudicadas por varios de sus componentes.
EN LA CÁMARA de Diputados, Morena está lejos de construir por sí solo la mayoría calificada; en el Senado, tampoco le alcanza sin aliados. Y ahí aparece una de las tensiones centrales de la propuesta: para salir adelante necesitaría los votos de fuerzas políticas que, precisamente, resultarían perjudicadas por varios de sus componentes.
Entonces, ¿para qué presentarla?
Porque esta reforma no es sólo electoral. También es un gesto de identidad de la izquierda, una señal interna y una prueba de lealtad política. Es parte del testamento político de López Obrador, forma parte de los cien compromisos de Sheinbaum y responde a una vieja pulsión de la izquierda oficialista mexicana: reformar el sistema electoral que de acuerdo con ellos les robó tres elecciones.
Visto en perspectiva, hay una diferencia importante entre los intentos previos de Morena y la propuesta actual. Las iniciativas de López Obrador fueron percibidas, sobre todo, como abiertamente autoritarias. Ahora la de Sheinbaum parece menos ensañada con el INE, pero sí plantea un sistema que beneficia a Morena. Si esta iniciativa no prospera, lo razonable sería esperar una versión más acotada.
Podría venir, primero, una reforma constitucional más moderada: una que no elimine los escaños de representación proporcional en el Senado, que suavice la reducción del financiamiento público y del tiempo en radio y televisión, pero que sí mantenga el rediseño de las listas para obligar a los candidatos a pedir el voto en territorio; que preserve la regulación y sanción de contenidos manipulados con inteligencia artificial en medios y plataformas digitales o que conserve los mecanismos de democracia directa en municipios.
Segundo, podría surgir una micro reforma constitucional descafeinada, que descarte justamente los puntos que más lastiman a los partidos medianos y pequeños —el tamaño del Senado, la reingeniería de la representación proporcional, la reducción del financiamiento y del tiempo oficial para partidos— y mantenga solamente las disposiciones menos costosas políticamente.
Tercero, podría intentarse una reforma legal de dudosa constitucionalidad, impulsada sólo con la mayoría simple de Morena, para preservar los cambios que no exigen dos terceras partes del Congreso. Ese escenario tendría una marca de origen difícil de borrar: la de haber sido aprobado por una sola fuerza política, sin consenso opositor, en un tema que define las condiciones mismas de la competencia.
Y cuarto, podría no haber reforma alguna. Pero incluso ese desenlace abriría una oportunidad política para la Presidenta: usar la iniciativa como mecanismo para recalibrar fuerzas dentro de Morena y con sus aliados, de cara a la negociación de coaliciones para 2027. En ese terreno se juegan no sólo candidaturas y posiciones, sino también los cálculos de sobrerrepresentación que pueden ser decisivos para conservar mayorías calificadas en el próximo ciclo legislativo.
Por eso, el desenlace será interesante. Sheinbaum ya dijo que la sola presentación de la iniciativa constituye, para ella, una victoria: cumplió con el compromiso ofrecido al “pueblo de México”. También dejó claro que la responsabilidad sobre su eventual aprobación o rechazo recaerá en el Congreso y, en los hechos, en los operadores políticos de la reforma.
Entonces si el intento de reforma electoral nació sin vida, ¿ahora a quién le van a cargar el muerto?
