Las reformas electorales han funcionado porque respondieron a demandas opositoras y fueron fruto del consenso entre las diversas fuerzas políticas.
Desde José López Portillo hasta Enrique Peña Nieto se buscó el acuerdo para dotarlas de legitimidad, pero también de eficacia.
Con Jesús Reyes Heroles, en 1977, se abrió la puerta a minorías que, con el tiempo, llegaron al poder.
Abuso de Cometra en el Metro
El país pasó de un régimen cerrado, con partido dominante, a una costelación plural donde ha sido posible la alternancia en el poder político en condiciones de paz.
Esto resultó factible, en gran medida, por la construcción del INE, una institución con servidores públicos de carrera que permite que los votos se cuenten y cuenten.
Otro tanto hay que decir del TEPJF, ahora venido a menos, ya que ha pacificado las disputas por el poder, garantizando que las elecciones se apeguen a los marcos legales y se respete al sistema democrático.
Una de las claves del proceso de construcción democrática, es que se pensó más en el largo plazo que en la potencia de mayorías que, en todo caso, son provisionales, por mucho que duren.
El rechazo a la iniciativa de Morena es porque no respondió a necesidades concretas en el sistema de partidos, como son las presiones que ya ejerce el crimen organizado en diversas regiones del país, o los niveles de sobrerrepresentación, que en 2024 llegaron al absurdo y distorsionaron lo ocurrido en las urnas.
Los incentivos para que la oposición la votara en favor eran nulos, y para los aliados del partido mayoritario tampoco se generaron las condiciones de acompañamiento, ya que nunca escucharon ni sus propuestas ni sus matices a cambios que los afectarían de modo directo.
Ahora viene el plan B, que tiene cuestiones riesgosas, como adelantar la de revocación de mandato, para que sea en el 2027, o permitir que los temas electorales sean sometidos a consulta.
Ambos son temas que también pasan por la Constitución. En el Artículo 35 se señala que la revocación sólo se podrá solicitar después del tercer año de gobierno. También se estipula, con claridad, que la materia electoral no puede ser objeto de consulta.
Veremos si pueden constituir una mayoría en esos asuntos, o si lo intentan por la vía de las leyes ordinarias, lo que lo sujetaría a impugnaciones ante la SCJN, pero en todo caso responden a coyunturas específicas y no a un planteamiento de mejora del propio sistema.
Sería, otra vez, intentar cambiar o saltarse la Constitución por la puerta trasera, lo que, es evidente, no conviene a nadie.
Suena ingenuo, pero vale la pena insistir en que quizá sea el momento de dar vuelta a la página a un asunto que ya generó tres rechazos del Poder Legislativo, desde el primer intento del entonces presidente López Obrador.
Otra cosa sería buscar puntos de acuerdo, de convergencia, y sí entrarle a lo que, a todas luces, tiene que cambiar.
