La Ley de Migración actual fue publicada en 2011, todavía durante la presidencia de Felipe Calderón. Los aspectos positivos que logró, al menos en el papel —lo cual ya es un primer paso—, fueron: enfoque de derechos humanos contra la militarización del control migratorio, no criminalización de los migrantes irregulares y de los activistas que realizan acciones humanitarias en solidaridad con ellos, así como modernización de la documentación migratoria a formas electrónicas.
Esa ley consideró un sistema de puntos que no se implementó masivamente, como ocurre en Canadá y Estados Unidos para atraer extranjeros altamente capacitados, indispensables en la economía del conocimiento.
Ya se discute en foros en el Congreso y con el Gobierno la idea de una nueva ley. La llegada en los últimos años de un cierto número de migrantes venezolanos, haitianos y centroamericanos, entre otros, hace necesaria una regularización. No son muchos, comparados con los que han sido acogidos en Colombia o Perú. De no abrir una ventana para corregir su situación legal, habrá personas cuyo paradero en algún rincón del territorio nacional se desconozca y que, ante los obstáculos para conseguir un trabajo lícito, sean carne de cañón de grupos criminales. A todos nos conviene integrarlos como es debido.
Los peores enemigos de Morena
Por lo que toca al sistema de puntos, éste requiere una discusión que no se está dando. La Presidenta Sheinbaum promueve el Plan México y ha encomendado a Altagracia Gómez que la ayude a sacarlo adelante. También se ha manifestado por hacer de México un jugador en la industria de semiconductores, inteligencia artificial e industria aeroespacial. Para ello se requiere no solamente formar ingenieros y técnicos, sino atraer a algunos ya experimentados. Se trata de la famosa “fuga de cerebros” inversa, es decir, importar talentos científicos y tecnológicos de la misma manera en que invitamos a buenos futbolistas. Pero, igual que en el futbol, hay que encontrar el justo medio o, de lo contrario, afectaremos el crecimiento del talento local. La ventaja de un sistema de puntos es que permitiría calibrar esa compleja decisión.
Finalmente, un tema ineludible es la migración ambiental (en especial por cambio climático). El comité de derechos humanos de la ONU ya ordena que no se devuelva a un migrante irregular a su lugar de origen, cuando corra peligro su vida por degradación ambiental (Toyota vs. Nueva Zelanda). Es seguro que, en el futuro, llegarán migrantes a México tras la sacudida de un gran huracán o la sequía prolongada que sufran en sus países. Probarlo ante las autoridades migratorias es directo, pues es notorio cuando una región del mundo experimenta un gran desastre “natural” (o sea, causado por la terquedad humana de no mitigar el cambio climático). Aunque la ley actual ya contemple la vulnerabilidad como un criterio para la regularización no nombra explícitamente la climática. Estados Unidos cuenta con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ha implementado desde el huracán Mitch en Centroamérica. México debe hacer lo propio, por humanidad y reciprocidad —para que nos reciban a nosotros si algún día estalla el Popocatépetl—.
