El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, relacionados con la contratación de la empresa Next Energy para un proyecto de energía en Mexicali.
De acuerdo con la investigación, el convenio comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivale a más de 35 mil millones de pesos, garantizados incluso con recursos federales. Además, se habría entregado una inversión inicial de mil 300 millones de pesos para una obra que nunca se concretó.
La Fiscalía sostiene que Bonilla participó como coautor en las decisiones que derivaron en este contrato, actuando con dolo. El caso ha generado gran atención por el impacto que pudo tener en las finanzas públicas y ahora será en el proceso judicial donde se determine su responsabilidad.
Al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, lo acusa su sucesora en el Gobierno de Baja California, Marina del Pilar, y a ella, el exgobernador la ha señalado desde hace tiempo de tener relaciones con el crimen.
Bonilla lanzó duras acusaciones contra su sucesora, al señalar que su gobierno habría pasado de ser “socio de los cárteles” a convertirse en un cártel que compite por el control del territorio. Bonilla ha asegurado que en la entidad “no hay gobierno” y pidió la intervención federal. También criticó su gestión al afirmar que carece de oficio político y que está más enfocada en redes sociales, viajes y eventos públicos que en atender la inseguridad. Además, la responsabilizó por decisiones que, según él, han afectado gravemente a la población.
LO VINCULAN A PROCESO JUDICIAL
Lo cierto es que la batalla entre ambos ha sido tan dura que Jaime Bonilla rompió con Morena tras su enfrentamiento con Marina del Pilar. Ante la disputa interna y su distanciamiento político, decidió cambiarse al Partido del Trabajo, desde donde continuó sus críticas contra su sucesora.
Lo cierto es que hoy, de cara a las próximas elecciones, la disputa está dentro del mismo Morena y sus aliados. El PT está midiendo fuerzas tiene la mirada puesta en Baja California.
Ahora parece que será entre ellos la pelea.
Jaime Bonilla y Marina del Pilar han presumido su cercanía con López Obrador, pero ahora que se están enfrentando entre ellos, habrá que ver a quién protege el sistema.
Por lo pronto, hay que hacer memoria.
Jaime Bonilla, al llegar a la gubernatura
—para la que había sido electo por un periodo de dos años— decidió que no era suficiente e intentó cambiar la ley estando en el poder, algo evidentemente ilegal.
Desde la gubernatura comenzó a operar para quedarse cinco años. Así nació la llamada “Ley Bonilla”, una maniobra política que quedó documentada y que publiqué en su momento en esta columna como uno de los intentos más burdos de cambiar la ley a conveniencia.
Las formas fueron igual de cuestionables que el fondo. Se habló de compra de legisladores, de presión política y, sobre todo, de un episodio clave: el Congreso local sesionó en una sede alterna para aprobar la ampliación del mandato, evitando así la presencia y el voto de quienes se oponían. A esto se sumó una “consulta ciudadana” hecha a modo, con preguntas sesgadas y participación limitada. Todo para legitimar una decisión que ya estaba tomada.
Bonilla jugó con calma. Sabía que no estaba solo. Cercano al presidente López Obrador, su tranquilidad contrastaba con el escándalo nacional que generaba el intento de ampliar su mandato. Y no era para menos: cambiar las reglas después de ganar una elección es, en los hechos, alterar la voluntad popular.
El papel del Gobierno federal también levantó sospechas. Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, había dicho públicamente que la reforma era inconstitucional. Pero en privado, como se evidenció en una conversación filtrada, la calificó como legal porque “la norma estaba vigente”. Dos discursos, dos posturas, una misma operación.
La “Ley Bonilla” no sólo fue impugnada por partidos políticos, también por el INE y el propio gobierno saliente.
El caso llegó a la Suprema Corte, que tenía la última palabra. Mientras tanto, el mensaje ya estaba dado: cuando el poder quiere, intenta cambiar las reglas.
Este episodio no solo cimbró a Baja California, puso en entredicho a todo el sistema democrático. Porque si un gobernador puede intentar alargar su mandato después de haber sido electo con reglas claras, entonces la ley deja de ser ley.
Además de los señalamientos de corrupción de Bonilla, también intentó cambiar la ley para permanecer en el poder. Marina del Pilar también tiene acusaciones serias.
Tanto a ella como a su ahora exesposo Estados Unidos les revocó la visa.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), este tipo de medidas se toman cuando una persona infringe la ley, representa un riesgo para la seguridad o viola las condiciones bajo las cuales le fue otorgado el permiso migratorio.
Aunque ambos han asegurado que se trata de una decisión interna del Departamento de Estado hay un dato: Bank of America les solicitó cerrar sus cuentas, lo que apunta a posibles alertas en el sistema financiero estadounidense.
Carlos Torres ya anunció que buscará revertir la decisión mediante asesoría en derecho migratorio internacional.
El caso también está rodeado de contradicciones. Mientras en Estados Unidos avanzan las investigaciones, en México el tema parece diluirse.
Lo cierto es que esta batalla política por Baja California ha mostrado que, si llega a haber algún contrapeso en la política de nuestro país, será porque los propios de Morena y sus aliados se enfrenten.
Mientras tanto, los que más pierden hoy son los habitantes de Baja California.