En el Congreso, pocas iniciativas avanzan si no provienen del Ejecutivo y, todavía menos, viniendo del Ejecutivo, terminan en la congeladora. La excepción reciente fue la reforma electoral: el Plan A naufragó por la resistencia del PT y del Verde a limitar el financiamiento y las prerrogativas de los partidos, y el Plan B sigue atorado por otro punto sensible, la revocación de mandato en 2027. Pero mientras esta reforma ha concentrado la atención, hay otras iniciativas que avanzan y merecen revisarse. Las tres iniciativas avanzan rápido en comisiones y podrían aprobarse muy pronto sin mayor discusión.
La primera es la reforma para limitar las pensiones de exfuncionarios públicos. La iniciativa plantea que no rebasen el 50 por ciento de lo que gana la titular del Ejecutivo federal. Es una propuesta popular y, en principio, razonable: cuesta defender que organismos públicos mantengan pensiones por arriba del ingreso presidencial, pero también toca un terreno delicado. Si se usa para afectar derechos adquiridos de manera retroactiva, podría convertirse en un abuso de autoridad y abrir la puerta a señalamientos por violaciones a derechos humanos. Parece que ese riesgo se ha desactivado, aunque persiste la duda sobre si la iniciativa realmente corrige el problema que decía atacar.
La segunda es la reforma para fortalecer los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del campo mediante certificados laborales. Más del 83 por ciento de la población ocupada en el sector agrícola sigue en la informalidad. El problema es que, si el diseño no considera la estacionalidad, la movilidad y la discontinuidad propias del trabajo jornalero, el incentivo no será formalizar, sino encarecer la contratación e incentivar la simulación. Aquí la clave está en construir esquemas de seguridad social que se ajusten a la realidad de jornaleros y empleadores para protegerlos sin castigar el empleo.
“Trazas de hidrocarburos, trazaaas”
La tercera es la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. La iniciativa confirma algo evidente: este Gobierno no está cerrado a la inversión privada en sectores estratégicos como energía, agua, ferrocarriles, aeropuertos y carreteras; lo que quiere es subordinarse a la planeación estatal, sumarle un componente social y poner al Estado por encima del mercado. Con este andamiaje jurídico, el Gobierno materializa lo que viene anunciando desde inicios de año: sí a la coinversión, sí al capital privado, pero bajo reglas fijadas desde el Estado.
Las tres leyes esperan su aprobación en cualquier momento sin mayor discusión, pero la traba en la reforma electoral es relevante para la dinámica del Congreso durante este sexenio. Se extrañan los debates. Rumbo a 2027 y, con las tensiones dentro de la coalición gobernante, quizá veamos una escena inédita: al PT y al Verde actuando, por conveniencia o cálculo, como garantes de la Constitución, freno y contrapeso de la 4T. Al Congreso regresando de su rol de oficialía de partes a órgano de deliberación.
