La visita a México del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, era necesaria. No porque fuera a revelar algo nuevo sobre nuestra crisis de desaparecidos, sino porque obliga a mirar desde fuera lo que adentro se ha normalizado: una injusticia de dimensiones intolerables que sigue acumulándose como deuda del Estado.
El espaldarazo final que Türk pareció darle al Gobierno mexicano generó otra polémica. Pero su presencia tuvo un peso innegable para las familias de las víctimas.
“Es para nosotros una esperanza más que se visibilice realmente esta crisis y que no se esconda por parte de nuestras autoridades”, dijo para esta columna Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, joven desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Ajusco.
› Nueva velocidad en la SRE
Ella no fue invitada a la reunión ni a la conferencia, pero estuvo ahí. Afuera. Como tantas otras.
“Nos vio afuera, por lo menos nos escuchó unos segundos… le pudimos entregar de propia mano una pequeña carta con las fichas de nuestros desaparecidos”…
Y la escena lo dijo todo: adentro, el discurso institucional; afuera, las madres mendigando atención.
La crisis que la ONU vino a reconocer rebasa ya los 130 mil desaparecidos. A eso se suma una emergencia forense con decenas de miles de cuerpos sin identificar. No es una falla aislada: es un sistema que no responde.
“Que ellos mismos acepten que el problema es estructural… pasan generaciones, pasan mandatos y realmente no hay seguimiento”, dice Vanessa.
Ese “seguimiento” que se ha convertido en otro calvario. En el caso de Ana Amelí, la investigación ha pasado por al menos tres cambios de funcionarios clave, diluyendo avances y multiplicando el desgaste.
“A los 2 meses de desaparecida mi hija, por la actitud y por la mala praxis del ministerio público, la quitaron de nuestro caso, pero no nos avisaron. Estuvimos casi mes y medio sin ministerio público… Luego me cambian al policía de investigación y fue otro bajón, pues tardan en el tiempo en que se ponen a leer la carpeta que tiene casi 5 mil páginas... Ahora me vuelven a regresar al policía de investigación con el cual iniciamos. Y aunque ha sido grato para mí, pues es pérdida de tiempo”.
La descoordinación institucional no sólo frustra, paraliza. Lo describe Vanessa con una precisión brutal:
“El MP con el policía de investigación no se hablan y si viene el de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tampoco quieren brindar información para los contextos. ¿Cómo vamos a acabar con las desapariciones si no tienen la bondad de hablarse entre ellos?”…
Y aunque reconoce a funcionarios que sí quieren hacer su trabajo, el problema es que operan con recursos mínimos y en condiciones precarias.
“Es un mal enfoque de recursos y lo vamos a seguir diciendo. No necesitamos, por ejemplo, conciertos millonarios, cuando los MP que llevan investigaciones de gente desaparecida, están en oficinas donde están asándose de calor o muriéndose de frío en un pedacito de menos de 1 metro, donde tienen 250 carpetas cada uno, sin apoyos auxiliares”…
“Si tenemos para un Mundial de futbol, para conciertos gratuitos y un derroche de recursos, que se metan los recursos en donde se necesitan para acabar con esta crisis y con este problema…”, reclama esta madre buscadora.
Durante su visita, Volker Türk habló de cooperación internacional, que es algo que las familias buscadoras llevan años pidiendo, sobre todo en materia de investigación.
Vanessa, como tantas buscadoras, cuestiona algo aún más profundo: la decisión de no usar las capacidades en inteligencia que el propio Estado ya tiene.
“Sabemos que puede tenerla el gobierno, en niveles federales como la Secretaría de la Defensa o bien, el gabinete del secretario Harfuch, pero no sé por qué no la quieren usar.”
Porque si ésta es una crisis nacional, la respuesta debería estar a la altura: con todos los recursos, toda la inteligencia y toda la voluntad política.
La visita de Volker Türk importa. Pero no basta. Porque el verdadero desafío no está en las declaraciones, sino en cambiar resultados.
El reto es estabilizar equipos, profesionalizar fiscalías y comisiones de búsqueda, invertir en tecnología e identificación forense, coordinar instituciones, abandonar la soberbia y aceptar ayuda especializada.
Porque mientras eso no ocurra, la carga seguirá recayendo en quienes nunca debieron llevarla: las madres que buscan, que investigan, que documentan.
“Lo único que queremos es recuperar a nuestros hijos”, dice Vanessa en nombre de las miles que también se quedaron afuera.
Miles que siguen esperando, buscando, y pese a todo —y a todos—, no se rinden.
