La acusación del gran jurado federal de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; Enrique Inzunza, senador de Morena, y otros políticos sinaloenses, pone en una situación delicada al Gobierno federal y a Morena.
Si bien no es el primer caso de políticos involucrados con cárteles del narcotráfico y, lamentablemente, tampoco será el último, coloca a la Presidenta en una posición comprometedora entre la defensa de la soberanía, la presión de Washington y el costo interno de no defender a un gobernador de su movimiento.
Sinaloa llega a este momento con una historia reciente complicada. En 2019, el culiacanazo exhibió la fragilidad del Estado cuando Ovidio Guzmán fue detenido y luego liberado, después de que el cártel paralizó Culiacán, tomó las calles y puso al gobierno de AMLO en jaque. En 2024, la detención de Ismael El Mayo Zambada abrió otro capítulo. Según su versión, fue citado a una reunión, sometido por hombres armados, llevado contra su voluntad a una avioneta y entregado en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López. Ese episodio rompió equilibrios internos y dejó a Culiacán atrapado en un enfrentamiento entre facciones que continúa.
México, por su parte, llega a este punto en medio de otra polémica con Estados Unidos. Hace unos días murieron en Chihuahua dos agentes estadounidenses vinculados a la CIA y dos agentes mexicanos, después de un operativo contra laboratorios clandestinos. La discusión no fue sólo por el accidente, sino porque reveló la posible participación de agentes extranjeros en operativos dentro del país sin conocimiento del Gobierno federal. Sheinbaum pidió explicaciones, el Senado pidió a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua que rindiera cuentas y Washington reprochó la falta de empatía por la muerte de sus agentes. Todo esto ocurre antes del inicio de las pláticas formales de revisión del T-MEC, previstas para la semana del 25 de mayo; a mes y medio del Mundial de futbol organizado por los tres países de Norteamérica; a pocos meses de que arranque la disputa electoral de 2027; y en medio de un cambio de piel del gobierno mexicano, con movimientos internos que todavía no terminan de acomodarse.
Sin duda la acusación contra Rocha Moya llega en mal momento para Morena, pero no es una sorpresa. Desde hace meses circulaban reportes sobre investigaciones mexicanas en torno a sus presuntos vínculos con Los Chapitos. El embajador Ronald Johnson lo anticipó en Sinaloa señalando que habría acciones importantes contra la corrupción. Los Angeles Times publicó que la administración de Donald Trump preparaba una ofensiva contra políticos mexicanos vinculados al crimen organizado y que la visa de Rocha Moya había sido revocada desde el año pasado.
No sabría decir si la respuesta del Gobierno y la de Morena están coordinadas. Morena se apresuró a cerrar filas. Unos hablaron de ataque contra el gobernador; otros, como Adán Augusto, sugirieron que se trataba de una reprimenda por la visita de Sheinbaum a Barcelona; otros más lo leyeron como una agresión a la soberanía. La respuesta del Gobierno federal ha sido más sobria. No rechaza de entrada la extradición, sino que cuestiona las pruebas, el debido proceso y la filtración de un caso que, en teoría, debía manejarse con confidencialidad. Hay un argumento de soberanía, pero sin la vehemencia nacionalista del partido.
El caso marca una nueva etapa en la relación entre Sheinbaum y Trump. El Gobierno mexicano podía presumir el abatimiento de El Mencho, la detención de operadores y golpes recientes como el de El Jardinero como señales de compromiso contra los cárteles. Pero Washington sigue insatisfecho. Para Estados Unidos, queda mucha tela de donde cortar y después de los capos, siguen los políticos. No por una sed de justicia, sino por un mecanismo de presión en la relación bilateral México-Estados Unidos.
Con la acusación al gobernador Rocha Moya, el Gobierno mexicano entra a una fase delicada. La hipótesis de una acción unilateral estadounidense en México, que antes sonaba a exageración, empieza a aumentar su probabilidad. Rocha Moya queda, salvando todas las proporciones, en una situación parecida a la de Maduro frente a Washington: un gobernante señalado por narcotráfico. Sería un precedente gravísimo para la soberanía nacional y para la relación bilateral que el Gobierno mexicano debe entender con visión de Estado.