La soberanía no es sólo un concepto abstracto y ajeno a la situación real que vive el país. En la teoría política clásica, la soberanía de una nación se sostiene sobre tres pilares fundamentales: un territorio delimitado, una población que lo habita y un poder público capaz de ejercer el control exclusivo sobre ambos.
Cuando uno de estos elementos se debilita —particularmente la capacidad del Estado para imponer la ley en su propio suelo—, la soberanía deja de ser una realidad política para convertirse en un mito jurídico.
Hablar de soberanía cuando grupos criminales dictan el precio de los productos básicos, cobran “derecho de piso” a los productores o controlan el flujo migratorio en las fronteras, es un ejercicio de optimismo ciego. La soberanía no se pierde únicamente por invasiones extranjeras; se entrega por goteo cuando una organización criminal sustituye las funciones básicas del Estado: la recaudación (extorsión), la seguridad y la impartición de justicia.
› ¿Se tuneó con el erario?
En vastas regiones del país, las mafias no operan en las sombras, sino como una estructura de gobernanza paralela. Han construido un poder que compite directamente con las instituciones formales, estableciendo un “Estado de facto” donde la bandera nacional es sólo un adorno y el poder real se ejerce con armas largas y códigos de silencio.
El control territorial de las mafias erosiona la democracia desde sus cimientos. La soberanía reside esencialmente en el pueblo, pero ¿qué soberanía puede ejercer un ciudadano que debe votar bajo la amenaza de un fusil? ¿Qué autonomía tiene un alcalde que debe pedir permiso al capo local para ejercer su presupuesto o nombrar a su jefe de Policía?
La captura de los gobiernos locales es el eslabón más crítico de esta cadena. Cuando el ayuntamiento responde antes al cártel que a la Constitución, el pacto federal se rompe. El Estado, al perder el monopolio del uso legítimo de la fuerza, cede su bien más preciado. Esta cesión crea “zonas de silencio” donde la ley es una sugerencia y la voluntad del crimen organizado es la norma suprema.
Un país que no puede garantizar el libre tránsito de sus ciudadanos por sus carreteras y aun menos por los caminos aislados; donde viajar de noche resulta suicida hacerlo, si para poder circular en ciertas zonas se requiere autorización del jefe de plaza o de lo contrario se arriesgan a ser secuestrados o asesinados, se ha perdido una parte de la soberanía territorial que todo Estado debe de garantizar.
La recuperación de la soberanía nacional no vendrá de discursos nacionalistas, sino de la reconquista institucional de cada kilómetro cuadrado del país. Implica entender que el problema no se resuelve sólo con presencia militar efímera, sino con un sistema de justicia que no sea una puerta giratoria y con una presencia estatal que ofrezca más oportunidades que la delincuencia. Para ello se deben de romper ciertos pactos de complicidad entre el poder político y los grupos criminales.
Sin el control efectivo del territorio, México corre el riesgo de convertirse en una federación de feudos criminales. La soberanía se defiende garantizando que el único poder que dicte el destino de un mexicano sea el de la ley. Mientras existan regiones donde el Estado no pueda entrar sin permiso, la soberanía seguirá siendo una mera idea abstracta utilizada para los discursos nacionalistas, pero fuera de la realidad.
Lo que nos toca hacer
