BAJO SOSPECHA

El cuerpo desaparecido que tenían las autoridades

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.<br>
Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

Julio César Cervantes Cabañas salió un día a la tienda y nunca regresó. Tenía 49 años y una discapacidad intelectual derivada de un accidente que sufrió cuando era adolescente.

Su familia comenzó a buscarlo de inmediato, como hacen miles de familias en México cuando alguien desaparece: fueron a ministerios públicos, hospitales, al Servicio Médico Forense (Semefo), fiscalías y oficinas de búsqueda; donde entregaron fotografías, huellas digitales, muestras de ADN, testimonios y todos los datos posibles de Julio César.

Su madre no dejó de insistir un solo día. Acudió una y otra vez ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Les explicó que su hijo tenía una discapacidad mental, que era vulnerable, que necesitaba ayuda para sobrevivir. Entregó pruebas de ADN, datos personales, fotografías y hasta testimonios de personas que aseguraban haberlo visto el día de su desaparición.

AGRAVIO FORENSE

OMAR GUTIÉRREZ, coordinador jurídico de la FGJCDMX, al disculparse el pasado 6 de mayo.
OMAR GUTIÉRREZ, coordinador jurídico de la FGJCDMX, al disculparse el pasado 6 de mayo. ı Foto: Especial

Pero nadie le hizo caso. Las autoridades ignoraron, incluso, las declaraciones de los testigos. La respuesta que obtenía siempre era la misma: no hay información.

Pasaron meses y después años. Y mientras su madre recorría oficinas buscando explicación, el cuerpo de Julio César había permanecido, todo ese tiempo, bajo resguardo de las autoridades capitalinas.

La Fiscalía de la CDMX y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) tenían el cadáver de Cervantes Cabañas. Todo esto a pesar de que contaban con sus huellas digitales, el ADN y los reportes de su desaparición.

Nadie cotejó la información y ese cuerpo, de un hijo buscado día y noche por su familia, estaba en manos de las mismas autoridades.

Finalmente, el cuerpo de Cervantes Cabañas fue entregado a la Escuela Superior de Medicina del IPN para prácticas forenses y académicas. Y mientras una madre buscaba desesperadamente a su hijo, el cuerpo estaba siendo utilizado por instituciones públicas.

La familia terminó descubriendo la verdad de la manera más brutal imaginable: en una exposición pública de cuerpos humanos y restos anatómicos, reconocieron a Julio César por los tatuajes de su brazo.

Fueron años en los que la madre de Julio César recorrió fiscalías y oficinas. Nadie la apoyó y ella misma terminó descubriendo el cadáver de su hijo.

La historia es tan inhumana que la propia familia, al descubrir lo ocurrido, ya no quiso acudir primero a las autoridades. Decidieron llamar a TV Azteca para que documentara el caso, porque habían perdido toda confianza en las instituciones.

La madre de Julio César contó a TV Azteca que, cuando finalmente le entregaron el cuerpo, éste había sido alterado por químicos y reactivos utilizados en prácticas forenses. Le faltaban órganos. El cuerpo estaba deteriorado y manipulado, después de haber permanecido durante meses en las instalaciones oficiales.

Tuvo que pasar más de un año para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reconociera públicamente la negligencia, omisión e insensibilidad del caso. Funcionarios de la propia institución aceptaron públicamente que fallaron en la búsqueda, investigación y en el trato digno hacia la familia.

Una disculpa que nunca se hubiera tenido que dar si se cotejaran los datos de la investigación con la información de Julio César.

Me llama la atención lo que ha pasado en estos últimos años con estas instituciones. Hace un par de años hice un recorrido por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México y, en ese momento, estaban trabajando muy bien, cotejando todos los datos, pero los han dejado sin recursos.

Y es que, con la falsa austeridad cuando se destinan recursos a megaproyectos faraónicos que en nada apoyan a la sociedad, estas instancias terminan trabajando con mínimos recursos personales y materiales.

Todas las instituciones que funcionaron durante años, ahora las han destruido y han dejado en la incertidumbre a miles de familias mexicanas que enfrentan casos similares.

Y es que cuando una familia tiene un desaparecido, queda atrapada en una especie de muerte suspendida. La vida se detiene. No hay descanso. No hay duelo. No hay paz. Y México se ha convertido en un país de desaparecidos.

Hoy existen más de 125 mil personas desaparecidas y no localizadas en el regitro nacional. Tan sólo desde 2018 las cifras se dispararon de manera dramática.

Miles de familias viven recorriendo morgues, pegando fichas en postes, buscando fosas clandestinas o esperando noticias que nunca llegan.

Las madres buscadoras han terminado haciendo el trabajo que debería realizar el Estado. Son ellas quienes escarban con palas en desiertos, montañas y basureros. Son ellas quienes encuentran restos humanos, mientras las autoridades acumulan expedientes y discursos.

Y el caso de Julio César demuestra algo todavía más grave: que incluso, cuando el Estado tiene los cuerpos, muchas veces tampoco es capaz de identificarlos correctamente ni de avisarles a las familias.

La tragedia de Julio César retrata el tamaño del colapso institucional que vive México frente a las desapariciones.

Una madre entregó ADN, fotografías, datos, testimonios y hasta posibles pistas sobre dónde había sido visto su hijo. Las autoridades no hicieron nada.

Y mientras ella seguía buscándolo vivo, las autoridades ya tenían su cadáver.

La historia de Julio César Cervantes retrata la peor cara del Estado mexicano: la burocracia deshumanizada, la negligencia institucional, la falta de recursos, porque ésos se destinan solamente a donde le beneficie a Morena en el tema electoral, y la absoluta incapacidad de comprender el tamaño del dolor que viven miles de familias.

México se ha convertido en un país donde desaparecer es más fácil que encontrar justicia.

El sexenio en curso ya es señalado como uno de los periodos con más desapariciones registradas en la historia reciente del país y, detrás de cada número, hay una tragedia imposible de medir.

No puedo imaginar un dolor más grande que no saber dónde está un hijo. No saber si tiene frío, hambre, miedo. No saber si está vivo o muerto. No saber si alguien lo ayudó o si sufrió solo.

Psicólogos y psiquiatras explican que cuando una persona desaparece y la familia no puede recuperar el cuerpo ni despedirse de su ser querido, se produce lo que llaman un “duelo congelado” o “duelo ambiguo”.

La mente queda atrapada entre la esperanza y la tragedia, incapaz de aceptar por completo la muerte, porque no existe una certeza física ni un cierre emocional.

Por eso es que muchas familias viven durante años en un estado permanente de angustia, ansiedad, culpa y desgaste emocional extremo.

Encontrar el cuerpo, poder identificarlo y darle sepultura no elimina el dolor, pero sí permite iniciar el proceso psicológico del duelo, despedirse y aceptar la realidad.

Por eso, para miles de familias de desaparecidos, recuperar un cuerpo significa algo fundamental para poder procesar el duelo.

Hoy miles de familias en México enfrentan la misma situación y no han podido cerrar ese ciclo tan doloroso.

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