Narcos, políticos y los señalamientos

Todo ha pasado en estos últimos días para tensar aún más la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sobre todo por el tema de la seguridad.

El director de la DEA asegura que “los narcotraficantes y altos cargos del Gobierno de México llevan años confabulados”.

Trasciende información de que los dos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que están libres y que operan la facción de Los Chapitos en Sinaloa, podrían llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

El contralmirante Fernando Farías Laguna, principal acusado del huachicol fiscal y detenido en Argentina, aseguró en una entrevista con Ramón Alberto Garza que abandonó México porque temía por su vida y porque, según dijo, ya existía una persecución en su contra dentro del propio aparato de poder. Deja entrever que son personajes mucho más poderosos quienes hicieron el negocio del contrabando de combustible y podría ser extraditado a Estados Unidos. Recordemos que esta red de corrupción y contrabando de combustible también operaba en Estados Unidos, por lo cual legalmente podrían perfectamente hacer declarar a Farías Laguna.

CRECE TENSIÓN

Estados Unidos asegura que son muchos los políticos mexicanos involucrados con el narcotráfico y señala a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios del gobierno de Sinaloa, mientras el Gobierno de México hace todo para protegerlos.

Y cuando todo esto está sucediendo, Donald Trump advirtió apenas el pasado 7 de mayo que si México no actúa con mayor contundencia contra los cárteles, Estados Unidos podría intervenir directamente para combatirlos.

Y es que Trump ha dicho una y otra vez que el narcotráfico mantiene una profunda infiltración dentro de las estructuras de poder en México, y ha dejado entrever que existen más políticos y funcionarios mexicanos presuntamente ligados a los cárteles, además de los casos que ya son investigados por autoridades estadounidenses.

Lo más grave de todo esto para el Gobierno de México es que estas acusaciones apenas son la punta del iceberg de un tema mucho más complejo y duro que está por venir. Se asegura que la lista de políticos mexicanos, que Estados Unidos solicitará a México, es larga.

Por ejemplo, las declaraciones del director de la Drug Enforcement Administration (DEA), Terry Cole, son muy graves. Vuelven a colocar a México en el centro de las acusaciones de colusión entre el poder político y el narcotráfico.

Durante una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, Cole aseguró que el narco es muy cercano a funcionarios mexicanos. Dijo una frase durísima que refleja el nivel de desconfianza que existe dentro de las agencias de seguridad estadounidenses hacia las autoridades mexicanas. El jefe de la DEA recordó incluso el caso de Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, como ejemplo de cómo la infiltración criminal alcanzó los niveles más altos del Gobierno mexicano.

Pero lo más delicado es que Terry Cole aseguró que esta red de protección y complicidad no sólo permitió el crecimiento de los cárteles, sino que también convirtió a funcionarios corruptos en corresponsables de la crisis de fentanilo que vive Estados Unidos.

Según el director de la DEA, quienes colaboran con los grupos criminales “son igualmente responsables de la muerte y destrucción de un número récord de estadounidenses”, debido al tráfico de drogas sintéticas que cruza la frontera.

Las declaraciones ocurren, además, en un momento especialmente delicado para México, tras las acusaciones y expedientes judiciales abiertos en Estados Unidos contra políticos y funcionarios de Sinaloa, presuntamente ligados a Los Chapitos.

Y la frase que más preocupa dentro del Gobierno mexicano fue la advertencia final del director de la DEA: “Esto es sólo el principio de lo que está por venir en México”.

Por su parte, las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, vuelven a elevar la presión sobre México en medio de la ofensiva de Washington contra los cárteles y el tráfico de fentanilo.

Durante una comparecencia ante legisladores estadounidenses, Hegseth lanzó un mensaje directo al Gobierno mexicano: actuar con más fuerza contra las organizaciones criminales para evitar que Estados Unidos termine interviniendo de manera más agresiva.

Aunque reconoció la colaboración que han mantenido la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina mexicana en operativos contra el narcotráfico, dejó claro que para la administración de Donald Trump eso ya no es suficiente.

“El Gobierno mexicano tiene que intervenir para que nosotros no tengamos que hacerlo”, dijo el funcionario estadounidense, en una frase que vuelve a encender las alarmas sobre la posibilidad de acciones más directas de Washington dentro del territorio mexicano. Y mientras en Washington aumentan las amenazas, las acusaciones contra funcionarios mexicanos y las presiones para endurecer la guerra contra los cárteles, también ha trascendido que algunos integrantes de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán estarían negociando acuerdos con fiscales de Estados Unidos.

Se trata de los hijos de El Chapo, conocidos como Los Chapitos. Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar podrían estar dispuestos a entregarse a las autoridades estadounidenses.

Las negociaciones no serían menores. Los Chapitos son señalados por la Fiscalía de Nueva York y otras autoridades estadounidenses, como una de las principales estructuras responsables de la producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. De hecho, el Departamento de Justicia los considera objetivos prioritarios dentro de la nueva estrategia antidrogas impulsada por Donald Trump.

Pero, sobre todo, se dice que Los Chapitos podrían estar relacionados con el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y políticos mexicanos. Y ése es el punto neurálgico para el Gobierno de México: las declaraciones de los hijos de Guzmán Loera, sobre sus nexos con políticos.

El gran temor, dentro de distintos círculos políticos y criminales en México, es qué tipo de información podrían entregar los Guzmán si deciden convertirse en cooperantes formales. Porque evidentemente Iván Archivaldo y Jesús estarían negociando condiciones para su entrega y obtener beneficios a cambio de información que se pueda corroborar y lograr lo que tanto busca Estados Unidos: cerrar casos sobre las relaciones de protección de políticos con narcotraficantes.

La ofensiva de Estados Unidos apenas empieza. Están decididos a ir no sólo contra los narcotraficantes, sino también contra los políticos y funcionarios que durante años los protegieron. Y lo que viene podría sacudir muchísimo más al Gobierno mexicano.