Los productos provistos por estas empresas son desemulsificantes, desalinizadores, inhibidores de incrustaciones, secuestrantes de ácido sulfhídrico, antiespumantes, dispersantes y solventes de asfaltenos. Todos ellos son vitales para evitar el bloqueo de fluidos en tuberías, válvulas y bombas utilizadas en la producción y procesamiento de petróleo, así como para retirar la sal marina.
En tanto, los siniestros son constantes: el 11 de mayo por la noche se incendió la torre de enfriamiento TE-05 de la Planta Hidros II de la Refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, con saldo de seis heridos. Un mes antes, el 16 de abril de 2026, en la Refinería Olmeca de Dos Bocas se registró un incendio en la Torre III de Destilación que mantiene fuera de servicio la nueva refinadora… que apenas el fin de semana registró otro incendio.
La hipótesis técnica de ingenieros petroleros ha sido la misma desde hace meses: el uso prolongado de químicos fuera de especificación para tratamiento de crudo deteriora los ductos, las torres y los sistemas de enfriamiento, pues aceleran la corrosión interna de ductos y equipos y favorecen la formación de gases tóxicos. A ello se añade la práctica del “multiproducto”: ante el excedente de inventario, se hace pasar un químico por multifuncional para usos no formulados, generando presiones operativas.
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Un proveedor de tales insumos en las instalaciones siniestradas es Petroquimia del Golfo, que la ASF —en los tiempos de David Colmenares— expuso en blanco y negro. La revisión de los contratos 646204606 (11,344 millones de pesos) y 646204607 (4,861 millones de pesos), derivados del ACREF-S006-2022 para suministro de químicos a la Terminal Marítima Dos Bocas, arrojó precios inflados entre 10.4% y 12.6%; falta de trazabilidad en 14.8 millones de litros. Y por incumplimiento, las sanciones a tales empresas ascendieron a 108.9 millones de pesos. Pero, en paralelo, en la gestión de Octavio Romero, Pemex pagó por penalizaciones de 443 millones de pesos por la baja calidad del crudo expedido a sus clientes. La ASF también emitió Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. A ello se suma el expediente interno 47721/2024/PPC/PTI/DE988, abierto en Pemex por presencia de la empresa sin contrato formal visible en algunos periodos…, o sea, que no hubo forma de saber qué tipo de productos entraban a las instalaciones de la paraestatal. Pero ambas empresas siguen surtiendo químicos a Pemex sin tener un contrato vigente conforme a testimonios fotográficos en manos de este columnista.
El nombre que no rota. Pero los contratos continúan. Al frente de la Gerencia de Coordinación Operativa (GCO) de Pemex Exploración y Producción, se incorporó Erick Mauricio Ortiz Benítez, quien mantiene las compras a Petroquimia pese a la auditoría 265, del expediente interno, de los siniestros y de las denuncias ciudadanas.
Mientras dos titulares previos de la Gerencia Cooperación Operativa (GCO) de la Subdirección de Producción Región Sur —Luis López y Marcos Torres— fueron separados por irregularidades en compras de químicos de emergencia la GCO de Exploración y Producción no actúa. Así que dada la magnitud de los daños y los riesgos para pobladores y Pemex, el asunto no tiene que escapar de la atención del recién nombrado director de la empresa, Juan Carlos Carpio, ni a la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, si el objetivo es atajar nuevos y mayores desastres como los acontecidos en el Río Cazones, de Veracruz, y la emanación de gases tóxicos y fugas en Comalcalco, Paraíso, Cárdenas y Centla, Tabasco.
Rehacer fracasada elección judicial: Jufed. En el más reciente pronunciamiento público, la Asociación Nacional de magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que representa la Magistrada Julia María del Carmen García González, señala sin ambages que haber pospuesto la elección de juzgadores de 2027 a 2028 “no resuelve la crisis de legitimidad ni el colapso logístico; solo prolonga la agonía de un sistema de justicia bajo asedio”.
Es decir, que se trata de un aplazamiento cosmético que significa “la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original. Tal como Jufed lo ha informado con anterioridad, aplazar un año el ejercicio, equivale a posponer un error sistémico sin atender las causas de fondo”.
Las tasas de impunidad en delitos del orden común o federal y la desaparición fáctica del recurso de amparo, son datos, no relatos.
Ante ello, la asociación reclama que de existir una elección, debe limitarse únicamente a vacantes reales generadas por renuncia, jubilación o fallecimiento. Y que además se abra la posibilidad para que personas cesadas en 2025 que deseen tomar cargo de juezas, jueces, o magistradas y magistrados, sean incluidas con reglas diferenciadas dada su experiencia.
Lo poco que le queda al PRI
