Relevante, nos comentan, la decisión anunciada ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad que hagan una revisión de los trabajadores que pudieran haber sufrido alguna afectación con la más reciente reforma con la que se puso fin a las llamadas pensiones doradas. Ha señalado la mandataria que si por error se recortó de manera indebida su pensión a algún jubilado, se aplicará la corrección correspondiente. “Pedí a CFE y a Pemex, principalmente, (verificar) a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones, pero no se recortó a menos de 70 (mil pesos) y en todo caso se revisaría… Tiene que ser lo que dice la Constitución, si hay algún error se tiene que corregir y de todas maneras se va a revisar”, fue la instrucción. Es sabido que en días pasados ha habido algunas protestas de trabajadores que han reclamado lo anterior. Con base en sus señalamientos se verá qué aplica tras la modificación constitucional que estableció como límite la mitad del salario presidencial. Pendientes.
No es una entrega cualquiera
Llamó la atención, y no forzosamente para bien, el intento de deslinde que se hizo en Sinaloa sobre la designación de Gerardo Mérida como secretario de Seguridad durante los primeros años del gobierno de Rubén Rocha Moya. Sobre todo porque se pretendió achacar al Ejército una supuesta recomendación del perfil de este personaje, quien se acaba de entregar a la Justicia de Estados Unidos que lo señala de formar parte del Cártel de Sinaloa. Bueno, pues vale la pena conocer la verdad sobre quién estuvo detrás de su llegada al cargo, dada a conocer ayer por Jorge Fernández Menéndez, uno de los periodistas que más conoce sobre temas de seguridad. Resulta que quien hizo esa recomendación no fue la Defensa sino el general Audomaro Martínez, conocido por su estrecha cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien al llegar al Gobierno lo puso al frente del Centro Nacional de Inteligencia, institución que remplazó al CISEN. Así que en el caso de Mérida los caminos no conducen hacia la Sedena, más bien llevan a Palenque. Uf.
Confirman los que están al tanto de los nuevos candados de Morena para elegir a sus abanderados en las elecciones de 2027 que sí fue por travieso el motivo por el que el guinda no quiere entre sus candidatos a Jorge El Travieso Arce, aun cuando la diputada del PT, Diana Barreras, promueve al boxeador para competir por una alcaldía en Sonora, por estar —ahora sí, dijo ella— “en el lado correcto de la historia”. Nos advierten que hoy en día, con los nuevos estándares impulsados en el partido —o más bien, debido a que sobran ejemplos de funcionarios electos morenistas que terminan implicados en corrupción—, no basta sólo con asumirse en el equipo “de los buenos”. Como lo dijo la presidenta de Morena, Ariadna Montiel: “Hemos hecho un compromiso” para cuidar que “nuestros candidatos propuestos sea gente honesta, con probada trayectoria y que eso nos va a blindar a todos para cualquier circunstancia”. Y adelantó, en el caso de El Travieso Arce, su opinión como integrante de la comisión que revisa los perfiles que se incorporan al movimiento: “Mi postura en la comisión, de la cual soy parte, es que no se acepte su candidatura por parte de Morena”. Jaque mate.
Y hablando de la nueva vara con la que Morena está midiendo a sus posibles candidatos, nos piden estar muy atentos a las decisiones que tomará ese partido en relación con los casos del senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quienes —aun con que están en la lista de señalados por presuntos vínculos con el narco por parte de Estados Unidos— no están oficialmente impedidos o descartados para participar en las encuestas con las que el partido decidirá quiénes serán sus candidatas o candidatos del proceso electoral de 2027, como lo comentó la semana pasada el líder estatal de esa fuerza política, Édgar Barraza. Sin embargo, nos precisan que la dirigencia nacional guinda ya dejó claro que los comités locales no tienen por qué andar definiendo abanderados, pues ésa es competencia exclusiva de la Comisión Nacional de Elecciones, hoy a cargo de Citlalli Hernández, quien, nos adelantan, ya alista una clase ilustrativa para que los dirigentes estatales de Morena aclaren dudas y no se metan donde nadie los ha llamado. Uf.
Parece, se nos hace ver, que los morenistas no sólo intentan ponerse más las pilas para fiscalizar a sus afiliados, también están mirando la paja en el ojo ajeno, como en Nuevo León, donde legisladores locales del partido guinda ya están buscando apoyo de la dirigencia nacional para poner lupa al gobernador emecista Samuel García y a su esposa, Mariana Rodríguez, a quienes acusan de promocionar su imagen a través de una empresa que está ligada a su familia. Aunque Samuel no ha abordado bien estos señalamientos en particular, sí aclaró que la pauta con la que se publicita en todo el país de ninguna manera recibe financiamiento del gobierno que encabeza. “Nuevo León sabe que, desde que fui diputado y entré al servicio público, dono mi sueldo, prerrogativas y todas las prestaciones de gobierno. No recibo un sólo peso del estado. Mucho menos de sus proveedores”, dijo en una respuesta a las críticas. Por lo pronto, pendientes.
Nos cuentan que los movimientos en el tablero del INE siguen engrosando el poder y la ventaja de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, ya que “su grupo” —dicen sus críticos— avanza en el acaparamiento de puestos que son clave en el control del órgano electoral. Un ejemplo que levantó varias cejas dentro del instituto fue la colocación por parte del consejero Jorge Montaño —advierten muchos, afín a Taddei— del nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Esta instancia, responsable de revisar el origen, destino y aplicación de los recursos asignados a actores y agrupaciones políticas, estará ahora en manos de Mario Alejo, un tabasqueño —como Montaño— cuyo perfil fue impugnado ante el Tribunal Electoral por carecer de experiencia en materia de fiscalización. El propio INE, nos hacen ver, constató que Mario sí tiene trayectoria que lo respalde, pero no en la posición del tablero que, de nuevo, “el grupo Taddei” le ha conferido, ya que ha estado más enfocado en asuntos jurídicos y legislativos. Pero nos indican que éste no es el único alfil movilizado en favor de la consejera presidenta, pues Montaño también impulsó a Rigoberto Gómez —otro tabasqueño— como director de programación Nacional, también en la Unidad de Fiscalización. ¿Coincidencias?
Y vendrá un rey…
