Maru y Rocha

Por más que intenten comparar Sinaloa con Chihuahua no hay manera, porque cada uno de los asuntos va por su propia vía.

No se trata de concederle a uno mayor importancia que el otro, a pesar de que el Gobierno ha tratado de colocar el caso de la gobernadora de Chihuahua como un asunto de la mayor importancia, que sin duda lo tiene, pero que insistimos se mueve por otra pista.

Si lo que se quiere es contrarrestar el peso que tiene la acusación de EU en contra de 10 exfuncionarios y el gobernador con licencia de Sinaloa, no se va a lograr.

Es una incógnita si EU dio a conocer días después sus acusaciones de que se informara sobre la muerte de dos agentes de la CIA en un operativo para desmontar un narcolaboratorio en Chihuahua. Lo que ha hecho el Gobierno es de alguna manera defender al exgobernador y a los suyos, poniendo de por medio en la narrativa todo lo que tiene que ver con Chihuahua.

La FGR le hizo un citatorio a la gobernadora Maru Campos en un tono muy distinto al que lo ha hecho con los exfuncionarios sinaloenses. Dice la Presidenta que no hay nada de política tras de ello, pero si algo hay es precisamente política, porque más allá, insistimos, de lo serio que resulta todo lo que pasó en Chihuahua, es evidente que se ha colocado enfrente del caso Sinaloa, para, entre otras cosas, atemperar internamente algo que desde donde se le vea es de gran importancia.

La gobernadora ha sido ambigua en sus respuestas respecto a la participación de los agentes de la CIA. Éstos tendrían que estar registrados ante el Gobierno federal y deben dar cuenta de todos sus movimientos.

En el fondo, uno de los problemas que EU tiene en todo esto está en que el Gobierno mexicano le reclama a una gobernadora, porque en su estado se desmontó uno de los narcolaboratorios más grandes que se hayan descubierto. Para EU, la decisión es positiva, debería de serlo también para México, porque no le concede importancia a las formas en la que se hace las cosas. No se puede soslayar la relevancia del operativo, pero donde las cosas topan es precisamente en la forma en que se llevó a cabo dicho operativo.

La respuesta de la Presidenta ha sido insistir en la soberanía, en lo cual tiene cierta razón, pero no puede referir todo a ello. Porque, por un lado, es un elemento clave en la vida del país, pero, por otro lado, de alguna manera ha sido ligera respecto al tema de las acusaciones de EU contra gobernantes mexicanos, en lo cual también debe de poner por alto la soberanía.

Es claro que el Gobierno ha llevado las cosas pausadamente en Sinaloa. Pasaron semanas antes de que congelaran cuentas en la UIF. Pasaron semanas antes de que la FGR abriera expedientes y junto con ello citara a los ocho, recordemos que dos de los 10 ya se entregaron, no en calidad de imputados, sino para “conversar”, o algo parecido, con ellos, quienes, de nuevo, nomás faltaba, apelaron a su inocencia.

Podrá pasar lo que sea en México, pero en 60 días EU está obligado a presentar todas las pruebas que llevaron a que un gran jurado en Nueva York presentara la solicitud de orden de detención con fines de extradición de los 10.

Como se ha mencionado en innumerables ocasiones, quizás lo que hemos vivido es sólo el inicio de una andanada que nos puede colocar bajo un conjunto de acusaciones que pondrían en evidencia la forma de vida en el país y la relación que guarda la política con la delincuencia organizada.

EU quiere acabar, hasta donde le conviene, con el narcotráfico. No es solamente un gran problema para el Gobierno, es un asunto serio y grave para las familias estadounidenses; se calcula en 43 millones los consumidores de droga.

Si el Gobierno quiere atemperar las cosas con Chihuahua, tarde que temprano enfrentará un problema que sabe que tiene y tenemos todos.

RESQUICIOS.

Por si había dudas, la Presidenta dejó todo absolutamente claro. Ella es lo mismo que López Obrador para quienes andan con la idea de que el rompimiento es una opción para su Gobierno.