En los últimos días, el Gobierno federal ha hecho diversas detenciones de presidentes y expresidentes municipales que presuntamente están vinculados con la delincuencia organizada, todos ellos en el vecino estado de Morelos.
En el íltimmo caso, por ejemplo, un buen número de funcionarios ha sido detenido por delincuencia organizada. La gama de afiliaciones políticas es diversa porque va desde el PAN, por partidos locales, pasando por Movimiento Ciudadano y Morena.
El saldo general es de 20 presidencias municipales (lo mismo funcionarios en activo que exfuncionarios) que han sido detenidos, pero la pregunta aquí es si algo ha cambiado con la detención de quienes ejercen un cargo público.
La salida de Andy
¿Realmente atendemos el problema de fondo si hay detenciones masivas de quienes se hacen cargo del gobierno municipal? Y nadie habla del exgobernador Cuauhtémoc Blanco y su sequito de funcionarios coludidos con los narcos, que llegaron y atropellaron todo, cobraron derecho de piso o extorsiones.
No se plantea que no se persigan delitos ni que se castigue a los funcionarios corruptos que contribuyen al deterioro de las instituciones. La pregunta más bien es si esa sola acción va a solucionar el problema de fondo. Ya detuvieron a los funcionarios pero no se conocen de investigaciones para desbaratar las pandillas que abundan en Morelos.
Si bien el número de delitos que se comenten en el país ha ido modificándose a la baja, aunque solo es la palabras de la autoridad, y parece que las causas centrales del problema de la delincuencia organizada siguen sin erradicarse de raíz. Pero en el caso ded Morelos, la violencia que existe, promovida por funcionarios públicos y malandros es escandalosa.
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Como viene ocurriendo desde la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, esta dependencia celebrará una de sus subastas el próximo 28 de mayo en sus oficinas.
Será similar a las anteriores, donde los participantes depositarán en un sobre cerrado su propuesta sobre el bien que desean adquirir.
De esa manera, el gobierno federal se deshace de los bienes incautados a violadores de las leyes, los que van desde automóviles de todo tipo, desde lujosos, pasando por los de uso común, pero también lotes de joyas, casas, departamentos en ciudades o playas, obras de arte, terrenos en distintas ubicaciones, hasta aviones y barcos de todo tipo, desde lanchas, pasando por embarcaciones que llegan hasta los yates.
Lo que se recupere de lo confiscado se aplicará en mejoras para la población, dependiendo el sitio a donde sean destinados esos recursos.
Desde su aparición, esta dependencia ha generado polémica, aunque con el paso del tiempo se ha ido desvaneciendo.
Incluso uno de los primeros directores, Jaime Cárdenas denunció una serie de anomalías detectadas en las subastas, por lo que presentó su renuncia.
Se decía que las subastas estaban amañadas y que las joyas decomisadas no llegaban a ser expuestas, pues muchas quedaban en manos de funcionarios del servicio público.
La renuncia de Cárdenas ocurrió durante una discrepancia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien le dijo que su lealtad no era ciega, sino reflexiva y que sus dudas y puntos de vista, a veces eran obstáculos para la toma de decisiones que no siempre le gustaban al entonces presidente López Obrador.
Después de la salida de Jaime Cárdenas pasaron una serie de personajes por el instituto que solamente llegaban a ocupar la plaza como plataforma de lanzamiento para otros cargos, incluso hasta para una gubernatura.
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En Cajeme, Sonora, la jueza Blanca Diva Ponce, recibió su constancia como parte de los integrantes del Consejo Municipal de Morena. Acudió al lugar con su respectivo gafete y recibió el papel de parte de quienes rindieron protesta en este evento al que también acudió a saludarlos el alcalde Javier Lamarque Cano… Por cierto, nos dicen que a Diva Ponce la han visto muy cercana a la presidenta del DIF, o sea a la esposa del edil. ¿Estará buscando un cargo y saltar del Poder Judicial al Ejecutivo local o Legislativo.}
ubaldodiazmartin@hotmail.com.mx
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