Ante la pausa de la vida política nacional provocada por el Mundial de Futbol, las fuerzas políticas del país se han sumergido en una intensa etapa de preparación en la que definirán candidatos, operadores y jefes políticos para enfrentar las elecciones de 2027, las cuales volverán a redibujar el mapa político nacional.
Y sí, mientras los reflectores apuntan a las canchas, los partidos organizan sus estructuras y trazan la ruta para designar candidatos a alguna de las 17 gubernaturas en juego, competir por uno de los 500 escaños de la Cámara de Diputados, disputar espacios en 31 congresos locales y pelear más de mil alcaldías, incluidas algunas de las más importantes del país.
Pero en esa reorganización interna —me dicen dirigentes partidistas consultados para este espacio— también hay una actividad silenciosa y permanente: los partidos están “a la caza de candidatos”. Es una práctica tan vieja como la política misma, pero que suele intensificarse cuando las marcas partidistas dejan de ser suficientes para ganar elecciones.
La razón es simple: frente al desgaste, el descrédito o la falta de respaldo social, los partidos salen a buscar en la sociedad perfiles que les permitan conectar con los electores y construir victorias que, por sí solos, difícilmente podrían alcanzar. En el México de hoy esa búsqueda ocurre bajo distintos enfoques.
El primero es la incorporación de perfiles populares. En lugar de formar cuadros desde las bases, los partidos suelen reclutar actores, influencers, deportistas, cantantes, empresarios o figuras reconocidas de la sociedad civil para obtener votos de manera inmediata.
El segundo es la cooptación de opositores. Es común que las fuerzas políticas busquen atraer liderazgos de otros partidos para debilitar adversarios y sumar estructuras territoriales ya consolidadas. Es una fórmula que ha funcionado durante décadas a los grupos dominantes.
El tercero tiene que ver con la búsqueda de legitimidad. Frente al creciente escrutinio ciudadano, los partidos intentan incorporar perfiles técnicos, académicos o socialmente respetados para mejorar su imagen pública y amortiguar el costo de los escándalos de corrupción, nepotismo, abusos de poder y autoritarismo que los persiguen.
Sin embargo, esta estrategia de reclutamiento acelerado también ha generado críticas. El riesgo es evidente: postular personas sin preparación para el servicio público o, peor aún, abrir espacios a perfiles vinculados con intereses criminales por la ausencia de filtros efectivos de control y confianza. Ese ha sido uno de los grandes debates recientes.
No es casualidad. Los partidos políticos encabezan la lista de instituciones con mayor desconfianza ciudadana en México. El estudio Confianza en las Instituciones 2026 les atribuye un diferencial negativo histórico de 68 puntos. Se ubican incluso por debajo de gobernadores, policías y legisladores.
El descrédito institucional también aparece en mediciones recientes de Arias Consultores y del INE. Corrupción, nepotismo y abstencionismo son algunos de los factores que explican el deterioro de la relación entre ciudadanía y partidos.
Y las consecuencias van más allá de la imagen pública. La erosión de la confianza afecta la estabilidad democrática, debilita el apego a las normas y reduce la disposición ciudadana para participar en los asuntos públicos.
Por eso, en una época en la que buena parte de la sociedad cuestiona a quienes han hecho carrera exclusivamente dentro de la política, comienzan a cobrar relevancia perfiles que llegan desde otros espacios de experiencia y construcción profesional.
Ese es el caso del ingeniero chihuahuense José Luis Franco Villa Lobos y de cientos de ciudadanos que hoy están bajo la lupa de distintos partidos.
En el caso de José Luis, su trayectoria no se explica únicamente desde la actividad pública. Existe un componente empresarial y de vinculación con los sectores productivos que le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de quienes generan empleo, inversión y desarrollo en Chihuahua.
Su cercanía con organismos como la CMIC y diversos actores empresariales le ha dado una perspectiva distinta sobre infraestructura, crecimiento económico, competitividad y desarrollo regional. No se trata solamente de una visión política; se trata de una visión ejecutiva que entiende cómo funcionan los proyectos, cómo se gestionan recursos y cómo se construyen resultados.
José Luis forma parte de una generación que no necesita llegar a la política para construir patrimonio o reconocimiento personal. Su historia está vinculada al trabajo, al sector productivo y a los espacios donde se toman decisiones que impactan directamente en el desarrollo económico de las regiones. Por eso su crecimiento político comienza a llamar la atención.
Los partidos lo saben. Por eso, mientras el Mundial acapara la conversación pública, en los cuartos de guerra de todas las fuerzas políticas continúa una tarea silenciosa pero decisiva: la cacería de candidatos.
Buscan en la sociedad lo que ya no encuentran en sus propias filas: credibilidad, prestigio y conexión con los ciudadanos. Al final, la paradoja es evidente: quienes aspiran a conservar el poder tienen que salir a buscar fuera de sus estructuras la confianza que perdieron dentro de ellas.
RADAR
SUBSIDIOS ELÉCTRICOS. Conforme aumentan las temperaturas en distintas regiones del país, también crece el interés por los apoyos aplicables a los usuarios domésticos. En ese contexto, nos comentan que vale la pena observar cómo se toman las decisiones en materia tarifaria.
Nos explican que la regulación, la definición de subsidios y la operación del servicio recaen en la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad, respectivamente. Un dato que ayuda a entender la dimensión institucional de un tema que cada año impacta la economía de millones de hogares.
Nos dicen que la precisión resulta oportuna ahora que diversas voces han planteado ajustes al subsidio de verano, un esquema que opera con base en información climatológica oficial de SEMARNAT y previsiones presupuestales previamente establecidas.
Vale la pena pues seguir la conversación, sobre todo porque se trata de un asunto que impacta directamente a millones de hogares y que requiere la participación coordinada de varias instituciones del Estado mexicano.
El acuerdo no significa paz
