La célebre frase porfiriana sobre la distancia de México con Dios y su cercanía con Estados Unidos encuentra hoy un eco en nuestra vida institucional: los municipios mexicanos están tan cerca del narco y tan lejos de la Federación.
El eslabón más débil del federalismo no es sólo una falla técnica; es la zona cero del colapso del Estado frente al crimen organizado.
El municipio en México nació bajo la premisa de ser la autoridad más cercana a la gente, la primera línea de respuesta. Hoy, esa cercanía es su condena. Mientras la Federación centraliza los recursos y diseña estrategias de seguridad desde escritorios en la capital, los presidentes municipales operan con el cañón de un fusil apuntándoles. El dilema municipal no es ideológico, es de supervivencia: plata o plomo, por lo cual han sido asesinados varios de ellos en este sexenio.
El primer gran fracaso radica en la seguridad pública. Las policías municipales, salvo honrosas y contadas excepciones en zonas metropolitanas ricas, han sido desmanteladas o asimiladas. Con salarios de miseria, sin equipamiento real y desprovistos de instituciones de inteligencia policiaca, aunado a la corrupción de los tribunales y ministerios públicos, exigirles que enfrenten a cárteles con presupuestos multimillonarios y armamento militar es una hipocresía criminal. La llegada de la Guardia Nacional no solucionó el problema; al contrario, militarizó la respuesta y terminó de asfixiar las capacidades locales. El narco no necesita derrocar al gobernador; le basta con controlar la dirección de seguridad pública municipal para garantizar rutas, impunidad y territorio. El municipio ya no es la célula del Estado, es el rehén del crimen.
Este colapso operativo se alimenta directamente de una asfixia financiera crónica. El municipio mexicano es un recaudador mediocre. En promedio, la recaudación por impuesto predial en México apenas alcanza el 0.3% del PIB, una cifra ridícula si se compara con el 1.6% promedio de la OCDE. Los alcaldes prefieren el costo político de mendigar recursos a la Federación antes que cobrar impuestos a sus propios ciudadanos.
Esta renuncia fiscal genera una dependencia patética de las participaciones federales. El dinero que llega de la Federación viene etiquetado, tarde y condicionado, lo que paraliza la capacidad de maniobra local. Sin dinero propio, no hay autonomía; sin autonomía, el municipio se convierte en un simple tramitador de la burocracia central.
La combinación de estos factores crea la tormenta perfecta. Al no tener ingresos propios para dinamizar la economía local ni fuerza policial para imponer el orden, el crimen organizado llena el vacío. El narco en el municipio no sólo trafica; cobra su propio “predial” a través del derecho de piso, pavimenta calles para ganar base social, impone directores de obras públicas para desviar contratos y decide quién puede competir en las elecciones locales. El crimen se ha convertido en el verdadero proveedor de orden y financiamiento en las periferias.
La Federación sigue mirando al municipio con desdén paternalista, asumiendo que el centralismo es la respuesta. Pero ningún país puede pacificarse desde el centro si sus cimientos están podridos o bajo control criminal. Mientras el municipio siga siendo fiscalmente impotente y militarmente indefenso, la soberanía nacional será una ilusión que se desvanece en la primera esquina de cualquier pueblo de México. El eslabón está roto, y con él, el resto de la cadena. Para ello, la Federación tiene que dotar a los municipios de mejores herramientas y de una verdadera independencia o, de lo contrario, modificar su estructura dentro del federalismo.
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