De acuerdo con las nuevas normas aprobadas por Morena para la postulación de sus candidatos para las elecciones del año venidero, varios candidatos desde la misma Presidencia pasando por gobernadores o legisladores no hubieran llegado al ocupar los puestos más importante del sector público.
Esto se sostiene porque el partido oficial proscribió en su reciente reunión de Consejo Nacional los actos anticipados de campaña y, de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo tres, se considera que esas acciones proscritas consisten en:
“Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;
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“b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”.
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Sobran ejemplos de cómo los propios militantes de Morena, son capaces de cubrir de lodo a su partido y ante episodios como ese, resulta fundamental que la ciudadanía no pierda la capacidad de asombro y más aún, de respuesta.
Desde que inició esta cuarta transformación, se colocó a la mujer en un sitio muy especial; como ejemplo está que en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, su gabinete estuvo compuesto en su mayoría por mujeres como un símbolo de la honestidad guinda.
El caso que se llevó la semana, sin duda, fue el de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, que además se desempeñaba como dirigente de Morena a nivel local, quien presuntamente junto con su esposo y su cuñado, José Roberto “N” y Oscar “N”, que se encuentran prófugos, fingió su secuestro para quedarse con la nada despreciable cantidad de 40 millones de pesos.
La alcaldesa tuvo otros cómplices que ya fueron capturados Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Christian ‘N’ y al momento, la acusada tiene programada una audiencia de formulación de imputación, misma que se realizará el próximo 9 de julio, mientras, continúa en su puesto.
Al enterarse Nancy Nápoles que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, podría alcanzar una pena de hasta 16 años en la cárcel por el delito de simulación de secuestro, pues de inmediato sacó su “as bajo la manga” y por las redes sociales, acusó una campaña en su contra con fines políticos y hasta nombre y apellido le puso.
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El panista Marko Cortés Mendoza hace un llamado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para que actúe con responsabilidad, objetividad y proporcionalidad en el procedimiento que analiza respecto de integrantes del Instituto Electoral de Michoacán.
Y reconoció que corresponde exclusivamente al INE determinar si existió alguna irregularidad relacionada con la designación temporal de un encargado de despacho de la Contraloría Interna del IEM; sin embargo, advirtió que una eventual remoción simultánea de cinco de las siete consejerías del organismo electoral local tendría consecuencias institucionales graves para Michoacán.
“Más allá del debate jurídico sobre el alcance de las atribuciones ejercidas por el IEM, la respuesta institucional debe ser proporcional a los hechos y valorar el contexto en que ocurrieron”, señaló.
Marko Cortés recordó que la designación cuestionada fue de carácter provisional y ocurrió ante la ausencia de titular del Órgano Interno de Control, con el propósito de evitar la paralización de funciones administrativas y de vigilancia interna del Instituto. Asimismo, destacó que días después fue nombrada la persona titular correspondiente por la autoridad competente.
El exdirigente nacional del PAN sostuvo que la ley debe aplicarse con firmeza, pero también con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, especialmente cuando las decisiones puedan afectar la operación de instituciones fundamentales para la democracia.
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