Romper con los tiempos que marca la ley en materia electoral es llevar a las elecciones a un problema de origen.
El INE y el TEPJF hacen como si nada pasara. Tratan de dar todo tipo de lecturas a las leyes para justificarse. Es cierto que no es la primera vez que esto sucede. El problema es que el partido del gobierno se ha convertido en un actor recurrente de las irregularidades.
López Obrador se encargó en los últimos años de su gobierno de abrir el camino con las corcholatas. Quería acomodar la carrera por la Presidencia, a través de una suerte de destape, no casualmente les puso corcholatas, en la que metió a la suya, a los que se asumieron como suspirantes, y a los que no les quedó de otra que involucrar. Lo que se dejó desde el principio claramente establecido, es que todo aquel que criticara el proceso o cosa parecida, era de inmediato descalificado.
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El INE de aquellos años, reconociendo que se metió en una bronca interminable con el expresidente, fue incapaz de poder hacerse valer. López Obrador de manera paralela a lo largo de todo su sexenio se dedicó a desacreditar al instituto, y en particular, a algunos de sus integrantes, quienes en su intento de defender las leyes electorales terminaron por dejarse provocar.
Independientemente que desde el principio se perfilaba quién sería la candidata de López Obrador, a lo largo de meses se llevó a cabo un proceso en el cual se movió el dinero, se adelantaron los tiempos electorales, mientras que las corcholatas recorrían el país dándose por momentos hasta con la cubeta.
A partir de ahí, López Obrador nombró coordinadores en donde iba a haber elecciones para gobernador. De alguna manera los estaba soltando para que empezaran a hacer campaña, mientras que todo esto le permitió adelantar los tiempos, en tanto que la oposición se iba hundiendo, como lo ha venido haciendo desde el tsunami que la desapareció en el 2018.
Con variantes estamos de alguna manera ante una continuidad de mecanismos en donde lo que menos importa es el tiempo electoral, y lo que más importa es buscar la manera de ganar sin importar cómo.
Las autoridades electorales van a seguir viendo el partido desde la tribuna. La relación que guardan con el gobierno y su mayoría los tiene agarrados del pescuezo con su voluntad o sin ella, todo indica que es lo primero.
El problema ante el cual estamos, dicho con toda intención en primera persona del plural, es que todo se descompone y que la deteriorada oposición podría entrar también en un proceso de adelantar los tiempos, aunque no tenga la trascendencia, fuerza e influencia que tiene la mayoría.
Todo se descompone y como la autoridad electoral se hace de la vista gorda, se crean vacíos legales sin instrumentos para la legalidad del proceso. Mientras el gobierno y Morena están en otra etapa electoral, la oposición anda viendo el Mundial, al que, por cierto, todavía le faltan más de tres semanas.
Morena no quiere perder nada de lo que esté en juego para que no le quiten su mayoría en el Congreso. El electorado podría cobrarle el deterioro propio en el ejercicio del poder junto con sus muchas contradicciones. Estamos lejos de otros países de América Latina, pero está muy visto que más que pensar en la derecha o izquierda, los ciudadanos quieren respuestas y que les cumplan las promesas propias de las expectativas que provocan.
El daño va en línea directa al deterioro de la democracia. ¿Qué quiere la mayoría? ¿La democracia a modo para conservar el poder o la democracia de la pluralidad, transparencia, reglas, equilibrios y la competencia electoral?
RESQUICIOS.
El gobierno está obligado a detallar adónde fueron a dar los 800 millones de pesos a la CNTE que se les entregaron el año pasado, junto con los 800 millones de este año y de dónde salieron. Hasta ahora no lo ha hecho. Es un asunto en que no basta la respuesta de que el dinero es “para la educación”.
