El T-MEC, ¿se renegociará? Puede ser. Y de ser así, ¿se hará con la intención de avanzar hacia el verdadero libre comercio? No.
¿Qué quiere Trump? Endurecer las reglas de origen para cerrarle la puerta a los productos chinos. Imponer unilateralmente aranceles, sin que el T-MEC lo limite. Condiciones laborales más estrictas para México, sobre todo en materia de libertad sindical y salarial. Certidumbre para empresas estadounidenses en el sector energético, sin privilegios gubernamentales a favor de Pemex y CFE. Reubicar producción, no en Canadá y/o Estados Unidos y/o México, sino sólo en Estados Unidos.
¿Qué le conviene a México? Mantener vigente el T-MEC y evitar las revisiones anuales, que generan incertidumbre. Limitar las medidas unilaterales, sobre todo arancelarias, del gobierno estadounidense. Mantener exportaciones automotrices, agrícolas y manufactureras, sobre todo hacia los mercados estadounidenses. Dar certidumbre, a la inversión privada, nacional o extranjera, en materia de energía. Atender las exigencias en materia laboral, sobre todo lo relacionado con la libertad sindical. Consolidar a México, ¡de una buena vez por todas!, como plataforma de exportación hacia los Estados Unidos (actualizar las potencialidades de nearshoring).
En el marco de la revisión o renegociación del T-MEC, ni lo que quiere Trump, ni lo que le conviene a México, supone un avance hacia el verdadero libre comercio, no digamos con el resto de los países, comenzando por China, ni siquiera entre México, Estados Unidos y Canadá. Revisión o renegociación, el resultado será un comercio entre mexicanos, estadounidenses y canadienses muy intervenido por los gobiernos canadiense, estadounidense y mexicano, algo que, ¡insisto en el punto!, es éticamente injusto (porque viola el derecho a la libertad individual para establecer relaciones comerciales, con nacionales o extranjeros, como más convenga, sin que el gobierno lo prohíba, limite o condicione), y económicamente ineficaz (porque reduce la oferta de bienes y la competencia entre oferentes), algo que a los gobiernos los tiene sin cuidado.
Si el gobierno prohibiera, limitara o condicionara el comercio entre personas de la misma nacionalidad (por ejemplo: entre veracruzanos y tamaulipecos), sería considerado incorrecto. Pero si prohíbe, limita o condiciona el comercio entre personas de distinta nacionalidad (por ejemplo: entre tamaulipecos, mexicanos, y texanos, estadounidenses), muchos lo consideran correcto. ¿No hay, en esta última postura, una incongruencia, dado que los fines que motivan el comercio, y sus resultados, son los mismos, ya se trate de personas de la misma nacionalidad ya de nacionalidad distinta? Sí la hay. Y, sin embargo, los gobiernos prohíben, limitan y condicionan las relaciones comerciales de sus ciudadanos, con ciudadanos de otros países, algo éticamente injusto y económicamente ineficaz.
En toda constitución política debe haber un artículo que diga, en esencia, lo siguiente: “Por ningún motivo, y en ninguna circunstancia, el gobierno prohibirá, limitará o condicionará las relaciones comerciales de sus ciudadanos con los ciudadanos de otros países”, algo que, en México, no sucede. Al contrario. Véase el Art. 131 constitucional. ¿Libre comercio? ¡Ni remotamente!