Este lunes 29 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La propuesta reglamenta la reforma al artículo 2.º constitucional, publicada en 2024, que los reconoció como sujetos de derecho público. Su objetivo es construir una nueva arquitectura para ordenar la relación entre el Estado, las comunidades indígenas y los terceros que intervienen en sus territorios.
El texto reconoce derechos colectivos, autonomía, sistemas normativos, territorio, recursos naturales, lugares sagrados, agua, patrimonio cultural, beneficios, responsabilidades y sanciones. En los hechos, cualquier autoridad, desarrollador o inversionista que toque tierras, bienes, organización comunitaria o el entorno indígena tendrá que consultar, documentar y hacer una gestión social seria para llevar sus proyectos a buen puerto.
El punto más sensible es el amparo indígena y afromexicano. La iniciativa permitiría impugnar normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren derechos colectivos. También abre la puerta para que, si las autoridades comunitarias no promueven el juicio, pueda hacerlo 20% de sus integrantes. A eso se suman la suplencia total de la queja, los plazos especiales y la suspensión de oficio cuando exista daño irreparable.
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Ahí está el filo. La ley puede convertirse en una herramienta histórica de protección, reparación y reconocimiento para los pueblos indígenas. También puede abrir una tensión con el discurso económico del propio Gobierno. La Presidenta ha promovido la inversión, la infraestructura, la energía, los polos de desarrollo y la relocalización productiva; pero esta ley podría elevar el costo, el tiempo y el riesgo jurídico de los proyectos que pasen o se instalen en territorios indígenas o afromexicanos.
Para este gobierno, la inversión que ignore los derechos colectivos ya no sólo enfrentará resistencia social, también podrá enfrentar sanciones, suspensiones, nulidades y obligaciones de compensación o reparto de beneficios. La inversión en México debe leerse, ahora sí, en la clave de la prosperidad compartida y la justicia social. La pregunta es si este nuevo andamiaje beneficiará realmente a las comunidades o si abrirá una ventana para que la industria del litigio termine afectando a comunidades y empresas.
La salida no debe ser, otra vez, entrar en un falso dilema entre las comunidades y la inversión privada. La consulta tendría que ordenar cómo se construyen acuerdos, se reparten beneficios y se desarrolla infraestructura con legitimidad social. Bien aplicada, puede producir mejores proyectos, con beneficios compartidos, menos conflicto y mayor certeza jurídica. Mal aplicada, puede volverse una zona de captura para coyotes y gestores interesados en paralizar la infraestructura, aun cuando pueda generar desarrollo.
Luego de 500 años de una larga noche, el Estado mexicano genera un instrumento legal para proteger a nuestros pueblos indígenas. Llega tarde, pero abre una oportunidad histórica. La consulta, que concluirá con la presentación al Congreso el 12 de octubre, debe servir para conciliar la inversión con los derechos, la infraestructura útil con la licencia social y el desarrollo con la dignidad.
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