La polémica alrededor de la senadora paraguaya Celeste Amarilla no debería perder de vista lo esencial: sus comentarios contra Kylian Mbappé fueron racistas, xenófobos y profundamente discriminatorios.
Tras la derrota de Paraguay frente a Francia, Amarilla publicó en X expresiones ofensivas como “camerunés colonizado”, además de otros insultos dirigidos al futbolista francés. La respuesta de Mbappé fue dura: “Eres una mujer despreciable e indigna de tu cargo. No representas a Paraguay”.
Hasta ahí, el debate parecía centrado en lo evidente; sin embargo, el giro llegó después, cuando Amarilla intentó defenderse alegando “violencia política de género en contra de una mujer que llegó a donde está por el voto de su pueblo”. Ese argumento, lejos de aclarar la discusión, la distorsiona.
La violencia política de género debe tomarse con absoluta seriedad. Ocurre cuando una acción se dirige contra una mujer por el hecho de ser mujer, cuando la afecta de manera diferenciada o cuando busca limitar sus derechos políticos o el ejercicio de su cargo. Eso puede verse en amenazas, campañas sexistas, exclusión de espacios de decisión o ataques que intentan deslegitimar a una mujer por su condición de mujer.
Pero este caso no parte del género de Celeste Amarilla, sino del contenido de sus propias palabras. Mbappé no la cuestionó por ser mujer ni intentó impedir el ejercicio de su cargo; la señaló por emitir declaraciones racistas. La crítica pública a una representante popular por expresarse de forma discriminatoria no equivale automáticamente a violencia política de género. En una democracia, ocupar un cargo público implica estar sujeta al escrutinio.
Al invocar esa figura sin sustento, da argumentos a quienes atacan al feminismo, se debilita una lucha que ha costado años construir. Como feminista, me indigna que una causa tan importante se utilice para sacar ventaja política o para justificar conductas. Defender a las mujeres en la vida pública no significa otorgar inmunidad frente a la crítica, mucho menos cuando ésta responde a actos discriminatorios.
Incluso podría discutirse si Francia tendría elementos políticos o diplomáticos para considerar a Amarilla persona non grata, dado que sus declaraciones atacan a un ciudadano francés y a una figura de enorme relevancia pública. Más allá de las consecuencias concretas, el mensaje de fondo debe ser claro: los discursos de odio no pueden normalizarse ni minimizarse bajo el argumento de que quien los emite pertenece a un grupo históricamente discriminado.
Debemos hacer conciencia de lo peligroso que es escudarse en la violencia de género para evitar rendir cuentas. Esa estrategia resta credibilidad a las mujeres que sí enfrentan ataques por razones de género en la política.
En sociedades democráticas, debemos visibilizar y denunciar este tipo de retóricas que perjudican una lucha feminista tan valiosa, porque de otra forma se estaría desviando del objetivo que es, justamente, eliminar la violencia de género.
La olla exprés
