A propósito del mes de julio, contribuyo a la reflexión que en estos últimos días se ha hecho con motivo de los aniversarios de algunas de las más icónicas elecciones presidenciales que han ocurrido en México.
Empecemos con el mítico 6 de julio de 1988. Nadie sensato puede siquiera dudar que se cometió el fraude electoral más grande en la historia moderna del país. Lo que sí es muy debatible es qué habría ocurrido si la Comisión Federal Electoral —entonces dependiente del Gobierno— hubiera permitido que fluyera adecuadamente el cómputo de votos. No parece que exista una fuente fidedigna para saberlo, pero muy probablemente de todos modos habría ganado Carlos Salinas de Gortari, aunque con un porcentaje inferior a la mayoría absoluta. Pero ¿cómo osar rebajar al heredero de la dinastía del PRI a un triunfo apenas de mayoría relativa, cuando estaban acostumbrados a mayorías faraónicas? Habría sido indigno para la cultura política de entonces (hoy tan de vuelta). A propósito, vale recordar que el artífice de la entonces tristemente célebre “caída del sistema”, es hoy un prominente político del nuevo régimen.
Hace 26 años, el 2 de julio de 2000, ocurrió otra elección histórica. Por primera vez, en siete décadas, hubo alternancia en la Presidencia —a la postre, en lo que va del siglo XXI, ocurrirían tres—. Un candidato opositor, Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional, ganó la elección. Un hito en la historia política del país, ya que terminó la hegemonía de 12 elecciones presidenciales consecutivas ganadas por el PRI. Con ello, se dio un paso fundamental en la transición a la democracia en el país —hoy, en franca regresión autoritaria—.
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Por último, la igualmente histórica elección, también un 2 de julio, hace ya veinte años, en 2006. No se puede escatimar el calificativo por, al menos, tres razones: en primer lugar, en un contexto de amplia competitividad, el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, logró una épica remontada frente a las intenciones de voto que durante buena parte de la campaña favorecían a Andrés Manuel López Obrador; en segundo lugar, por presentarse los resultados más cerradas en la historia del país (Calderón se impuso por un margen de apenas 0.56%, 233,831 votos); y la tercera, por la magnitud del conflicto postelectoral detonado por el candidato perdedor. Como corresponde a un mal demócrata que sólo acepta los resultados cuando favorecen, utilizando una orquestada y fuerte campaña mediática, López Obrador intentó ganar en las calles lo que había perdido en las urnas por decisión de la ciudadanía. La elección fue impugnada y el entonces profesional y autónomo Tribunal Electoral confirmó el resultado, pues no había pruebas ni argumentos jurídicos que ameritaran revertirlo. Se respetó el veredicto ciudadano y Felipe Calderón asumió la Presidencia el 1º de diciembre de 2006.
Una de las consecuencias más nocivas de esta última elección es que polarizó gravemente a la ciudadanía, lo que por desgracia se ha acentuado con el tiempo, bajo la mirada complaciente del líder mesiánico y sus adeptos. Pronto se dio una división y erosión irreparable en la izquierda mexicana: aquélla que durante décadas se presentó como democrática y liberal, y que contribuyó a la fortaleza de las instituciones electorales, terminó cediendo espacio a otra —hoy dominante— populista, profundamente autoritaria y obsesionada con el poder. El mito del “fraude electoral” de 2006 ha sido políticamente de lo más rentable para victimizarse y tratar de justificar lo indefendible en la construcción de una nueva hegemonía autoritaria, probablemente más peligrosa que la dominante en el siglo XX.
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