La Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por Efraín Morales López, anunció una inversión superior a 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago, considerados entre los cuerpos de agua más contaminados del país.
El programa contempla 93 proyectos de infraestructura hidráulica y restauración ambiental, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dirigida por Mariana Boy Tamborrell, mantendrá inspecciones, procedimientos administrativos y medidas de seguridad para reducir descargas contaminantes y vigilar a las industrias ubicadas en estas cuencas.
El anuncio vuelve a colocar bajo presión a Ternium México, empresa dirigida por Máximo Vedoya, debido al historial de controversias ambientales acumuladas alrededor de sus operaciones en el país. La compañía enfrenta un escenario de mayor vigilancia luego de una serie de clausuras, multas, procedimientos administrativos y señalamientos relacionados con descargas, emisiones y posibles afectaciones derivadas de sus actividades industriales. Uno de los casos más recientes ocurrió en enero de 2025, cuando Profepa ordenó la clausura total temporal del punto de descarga de aguas residuales de la planta de Ternium ubicada en San Miguel Xoxtla, Puebla.
• El que no se puede ir
La autoridad ambiental determinó durante una inspección que la empresa no contaba con la autorización correspondiente para descargar aguas residuales hacia un afluente del río Atoyac, una de las cuencas incluidas dentro del programa nacional de recuperación ambiental. Aunque la compañía argumentó que se trataba de un procedimiento administrativo relacionado con permisos y aseguró que sus descargas cumplían con la normatividad ambiental, la clausura se convirtió en uno de los expedientes más relevantes y desastrosos dentro de la estrategia de vigilancia industrial impulsada por las autoridades federales.
El caso de Puebla se suma a otros episodios que han generado cuestionamientos sobre las operaciones de Ternium en México. La empresa cuenta con instalaciones en San Nicolás de los Garza, Apodaca, Pesquería y Puebla, donde ha sido objeto de inspecciones y procedimientos relacionados con el cumplimiento de obligaciones ambientales. Uno de los principales puntos de conflicto se encuentra en el corredor industrial Apodaca–San Nicolás, donde habitantes y organizaciones civiles han denunciado durante años la presencia recurrente de polvos ferrosos provenientes de actividades industriales en la zona.
Los datos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) muestran incrementos importantes en emisiones reportadas de metales pesados vinculados a la operación industrial. Las emisiones de plomo pasaron de 78 kilogramos en 2020 a 482 kilogramos en 2022, mientras que las de cadmio aumentaron de 1.3 a 8.3 kilogramos en el mismo periodo, incrementos superiores al 500 por ciento. Estos registros forman parte de los elementos utilizados por comunidades y organizaciones para señalar posibles impactos ambientales alrededor de los complejos industriales, particularmente por la presencia de sustancias que pueden representar riesgos cuando existe exposición prolongada.
Otro de los episodios que colocó a Ternium bajo presión ocurrió en Nuevo León, cuando un derrame de cloruro férrico proveniente de la planta Churubusco alcanzó el arroyo La Talaverna. Tras las inspecciones correspondientes, Conagua impuso una multa inicial de 6.6 millones de pesos, ordenó acciones de remediación ambiental y abrió un procedimiento administrativo. El incidente también generó acciones por parte del Gobierno de Nuevo León, que inició expedientes propios y señaló que las sanciones podrían incrementarse conforme avanzara el proceso. El procedimiento continúa en litigio, pero el caso representó otro episodio de cuestionamientos sobre el impacto ambiental de las operaciones de la siderúrgica.
Para Ternium, el problema no se limita a un solo evento, sino a la acumulación de expedientes y señalamientos que han incrementado la presión sobre la empresa y muchos expedientes legales. La combinación de clausuras, multas, revisiones regulatorias y reclamos comunitarios ha colocado a la compañía ante un mayor escrutinio por parte de autoridades ambientales y poblaciones cercanas a sus instalaciones. A nivel internacional, la empresa y el sector siderúrgico al que pertenece también han enfrentado investigaciones y cuestionamientos regulatorios en distintos mercados. En Argentina, donde Ternium mantiene operaciones relevantes, la compañía ha sido señalada en distintos momentos por comunidades y organizaciones respecto a temas relacionados con emisiones industriales, residuos y efectos ambientales alrededor de sus plantas, y otros temas de dinero.
En Estados Unidos, además de los procedimientos comerciales relacionados con productos siderúrgicos, la industria del acero ha enfrentado investigaciones y revisiones regulatorias vinculadas con prácticas comerciales, importaciones y estándares de cumplimiento, alcanzando a empresas y al desastre llamado Ternium. El caso mexicano coloca nuevamente sobre la mesa el costo ambiental de las actividades industriales. Mientras el Gobierno federal anuncia una inversión millonaria para recuperar ríos afectados por años de contaminación, las autoridades continúan revisando la responsabilidad de las industrias que operan alrededor de estas cuencas.
El saneamiento de los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago representa una de las mayores inversiones ambientales del país, pero también exhibe el costo que termina pagando la sociedad cuando los controles industriales no evitan que la contaminación llegue a los cuerpos de agua y comunidades cercanas.
La oportunidad
