Hace unos días, durante la última conmemoración oficial del aniversario del triunfo de la Revolución sandinista, en Managua, Daniel Ortega declaró que ya no habrá más elecciones en Nicaragua. La frase, como tantas parecidas de Fidel Castro o Hugo Chávez, fueron seguidas de aplausos multitudinarios y prolongados.
En su discurso, Ortega anunció una nueva reforma a la Constitución nicaragüense, que se sumará a las adoptadas en 2024, que cerraron aún más el sistema político de ese país centroamericano. Una de aquellas reformas fue la extensión del mandato de Ortega y la copresidenta Rosario Murillo hasta 2028. Esa copresidencia es vitalicia y hereditaria, ya que en caso de fallecer cualquiera de los dos, su pareja asume la sucesión y en ausencia de ambos, el heredero sería el hijo, Laureano Ortega Murillo.
Otra de las reformas que se introdujeron en 2024 es la del sexenio presidencial, una variante de temporalidad del poder adoptada por la dictadura de Porfirio Díaz, que heredó el régimen político del PRI en el México posrevolucionario. El sexenio presidencial es también una fórmula de la que se ha apropiado Vladimir Putin en Rusia.
Una modificación política más, implementada en Nicaragua, en 2024, fue el avance hacia un partido oficial, más único que hegemónico. A diferencia de Cuba, donde la construcción del Partido Comunista (PCC) tomó unos pocos años, en Nicaragua ese proceso ha durado dos décadas. El sandinismo comenzó siendo una opción política electoralmente competitiva, tras el regreso de Ortega al poder en 2007, pero ahora, a fuerza de encarcelamientos, destierros e inhabilitaciones de opositores, es casi un partido único.
En las últimas elecciones nicaragüenses, en el ya lejano 2021, ese partido alcanzó un 75 por ciento de los votos. Varios de los rivales de Ortega en aquella contienda, como Félix Madariaga, Christiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro o Miguel Mora, fueron arrestados antes de las elecciones. Otros, como Walter Espinoza, se fueron al exilio, a pesar de rondar el 15 por ciento de los votos.
La reforma que parece desprenderse del anuncio de Ortega podría avanzar más en la criminalización de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el movimiento universitario, el activismo pro derechos humanos y la Iglesia católica, que en los últimos años ha sido causa del aumento del malestar ciudadano y la consiguiente represión del disenso en Nicaragua.
Una serie de nuevas leyes que aumenten los impedimentos de movilización de la sociedad civil, como las que se implementaron en Cuba y Venezuela, en las primeras décadas del siglo XXI, acabarían por cerrar la autocracia nicaragüense, en un momento en que el bloque bolivariano está virtualmente desarticulado, tras el arresto de Nicolás Maduro en Caracas. Con esta nueva escalada contra el pluralismo y las libertades, el régimen de Ortega y Murillo lanza un desafío frontal a la ostentosa doctrina de seguridad hemisférica de Estados Unidos en el Gran Caribe.
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