De puertas adentro, México no se somete a nadie. La soberanía es innegociable en el discurso; en la realidad, cada uno lleva agua a su molino. Esa contradicción quedó al descubierto en las últimas semanas y merece mucha más atención de la que le hemos dado.
Cuando hace varios meses el presidente Donald Trump amagó con una posible intervención militar contra los cárteles mexicanos, la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum fue directa, inmediata y firme: la vigilancia y el combate al crimen es facultad exclusiva del gobierno mexicano, y cualquier acción externa sin consentimiento violaría los tratados internacionales vigentes y la Constitución. Un mensaje calculado: México no se subordina; la ropa sucia se lava en casa.
Pero mientras eso salía de los micrófonos de Palacio Nacional, otra historia se cocinaba en privado. Hace unos días, el periodista Héctor de Mauleón reveló en su columna un audio donde se escuchaba a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, conversando con supuestos asesores externos del FBI. En dicho audio, la mandataria se ofrecía a compartir toda información a su disposición, incluso aquella que fuera parte de las mesas de seguridad nacionales, buscando a cambio resolver la cancelación de su visa estadounidense y frenar una investigación por presunto lavado de dinero.
La gobernadora salió a reconocer la veracidad de las grabaciones, aunque precisó que se trató de fragmentos aislados que no corresponden a lo que se presentó en los medios. Según ella, las personas de la charla nunca se identificaron como representantes oficiales de ninguna agencia. De inmediato diversos liderazgos de Morena salieron a defenderla. Es el caso de Ricardo Monreal, calificando el episodio como espionaje ilegal en contra no solo de la gobernadora sino del movimiento.
Lo que tendríamos que preguntarnos es ¿de qué nos sirve un discurso de soberanía inquebrantable si, en lo oscurito, no hay garantías de que los propios gobernantes entreguen información confidencial sobre operaciones contra el crimen a cambio de resolver sus problemas personales, relacionados también con posibles delitos? La firmeza que la presidenta tuvo para defender la soberanía contra Trump hoy pareciera necesaria para meter en cintura a sus propios gobernadores.
Hay algo más incómodo: la soberanía tal como hoy se practica nunca ha sido un concepto único. Es una moneda con dos caras que se usan según convenga. Así lo fue con el PRI, con el PAN y ahora con Morena. Hacia afuera, sirve para decirle a Washington que en México manda el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hacia los críticos, sirve para acusar de traidor a la patria a quien cuestione al régimen en organismos internacionales. Marina del Pilar Ávila no rompió esa lógica, la confirmó: la misma soberanía que se invoca contra los adversarios políticos puede suspenderse sin castigo cuando el que negocia es del bando correcto.
El escándalo no ha derivado en una crisis política dentro de Morena, no porque el caso sea menor, sino porque cuestionarlo de fondo obligaría al partido a admitir que la lealtad total hacia Washington no se castiga por igual. Se castiga cuando la ejerce el rival; se disculpa, se ignora o se defiende cuando la ejerce alguien del mismo bando.
La pregunta no es si la gobernadora de Baja California traicionó o fue víctima de espionaje. Es si a México le queda soberanía que perder, o si ya solo es un discurso que se repite mientras cada uno lleva agua a su molino. Ya no tengo claro cuánto nos queda de soberanía a los mexicanos, espero que sea la suficiente para encarar los retos del futuro. Ya lo decía Porfirio Díaz, ¡pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!
X/Tw @DiegoMacias1504
El mundo y sus dilemas Dictadura familiar
