El Tribunal Electoral de Michoacán hizo lo que tenía que hacer: sancionó a Gerardo Fernández Noroña por ejercer violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan. La respuesta del senador fue la de siempre: negarse a cumplir, victimizarse y decir que es “arbitrario”. Como si reconocer la violencia contra las mujeres fuera un exceso. Pero recordemos como él sí llevó a un ciudadano a disculparse cuando lo cuestionó, ahí no hubo arbitrariedad.
Noroña no debatió ideas. Atacó desde lo más misógino y doloroso: vinculó la carrera política de Quiroz con el feminicidio político de su esposo, Carlos Manzo, asesinado en 2025. Dijo que su muerte “despertó su ambición”, cuestionó su derecho a aspirar al cargo público y la llamó “fascista”. Es el manual de la violencia machista en política: cuando no pueden atacar tu capacidad, atacan tu vida privada, tu duelo, tu condición de mujer. El senado debería cuestionar la permanencia de Noroña en la curul.
Por eso el Tribunal estatal fue claro: sus expresiones excedieron cualquier debate legítimo y vulneraron los derechos de la presidenta municipal. Le ordenó lo mínimo: ofrecer una disculpa pública, retirar el contenido violento y ser inscrito seis meses en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres.
• “Ella no se marea”
No es un caso aislado. Desde 2020, el Registro Nacional acumula 511 personas sancionadas, 83 por ciento hombres. Oaxaca, Veracruz y Chiapas encabezan la lista. El dato revela lo estructural que es la violencia: los hombres siguen creyendo que el poder político les pertenece y que pueden disciplinar a las mujeres que se atreven a ocuparlo.
La justificación de Noroña es parte del problema. No entiende que, al decir: “si se lo hubiera dicho a un hombre no sería violencia”, esa frase demuestra su falta de perspectiva, ya que justamente por eso es violencia de género: porque a las mujeres se nos juzga por nuestra vida personal, por nuestra relación con un hombre, por nuestro dolor. No por nuestro trabajo. A los hombres nunca les preguntan si llegaron al cargo gracias a la muerte de su pareja.
Negarse a cumplir la sanción no es un acto de rebeldía, es un acto de impunidad. Es decirles a todas las mujeres que participan en política que pueden ser humilladas, que pueden usar su duelo para desacreditarlas y que no habrá consecuencias. Es decirle al sistema que las sentencias se pueden ignorar cuando el agresor tiene fuero y micrófono.
Aceptar la resolución no es censura, es justicia. Y defenderla es amparar el derecho histórico que nos ha costado décadas conquistar: el derecho a participar en política sin ser violentadas, sin ser silenciadas y sin tener que pedir permiso para tener ambición. Porque sí, las mujeres tenemos ambición política, y no necesitamos que un hombre nos la valide.
Los cómplices
