Al mismo tiempo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunciara haber bloqueado las cuentas bancarias de su padre, Ernesto Ruffo Appel, su hija Verónica acudía a la sede de la embajada de Estados Unidos a buscar apoyo y protección por el “hostigamiento del oficialismo” en contra de su padre como preso político del Gobierno, al responsabilizarlo de su salud e integridad.
Tanto ella como él, nacidos en San Diego, California, tienen la nacionalidad estadounidense, por lo que Verónica no dudó en recurrir a esa representación diplomática, a cuyo cargo está Ronald Johnson, por el caso en el que su padre fue acusado, junto con otras siete personas, de ser parte de una red de contrabando de combustible que era importado desde EU, pero registrado en nuestro país como aditivo u otros productos para evadir el pago de impuestos, responsabilidad que él negó desde que fuera citado a declarar en diciembre pasado en Tijuana.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
• “Ella no se marea”
Internado en el penal de alta seguridad del Altiplano, sin que se le haya vinculado a proceso como presunto responsable de ese presunto delito, horas antes de la audiencia en la que se definiría su situación jurídica, el caso tuvo un giro diplomático por esa actitud de su hija en demanda de apoyo de la embajada estadounidense, por su nacionalidad y la de su padre.
Y es que, como se recuerda, el anterior juez del Centro de Justicia Penal mexiquense, Mario Elizondo Martínez, de carrera judicial, se negó a girar las órdenes de aprehensión de los varios acusados, entre los que inicialmente no figuraba el exgobernador, porque consideró que la FGR no fundamentó sus “inferencias”, lo que en cambio, ya incluyéndolo, sí ordenó la juez de acordeón, Alejandra Ramírez de la Vega, quien a última hora la sustituyó en el Altiplano.
Apenas horas después de que el Gobierno presumiera que el día anterior se registraron sólo 21 homicidios dolosos, dos sujetos que llegaron en motocicleta al palacio municipal de Temoac, Morelos, irrumpieron en el despacho del alcalde Valentín Lavín Romero y lo ejecutaron, luego de que en enero sufriera un atentado.
También se reportó el asesinato del columnista político Alejandro Leyva Aguilar, exdirector general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, ocurrido en el municipio de San Pablo Etla, por parte de un par de gatilleros. El gobernador morenista, Salomón Jara, ordenó que su caso no quede impune.
Alertan a la 4T: En Nicaragua no volverá a haber elecciones porque la oposición podría ganar.
Los cómplices
