La semana pasada sorprendió la noticia de la detención de Ernesto Ruffo Appel, por presuntamente formar parte de una organización dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos, en una investigación catalogada como uno de los mayores casos de huachicol fiscal del que se tenga registro.
Cabe recalcar que la actual administración de Estados Unidos no ha quitado el dedo del renglón: para lograr un “mejor” entendimiento con su contraparte de este lado de la frontera, es prioridad que las autoridades mexicanas persigan e investiguen nexos financieros y operativos de funcionarios y exfuncionarios con actividades delictivas y crimen organizado.
En este sentido, la detención de Ruffo Appel cumple con el requisito y le permite al Gobierno de México ganar tiempo frente a varios otros temas pendientes, presentes en la agenda bilateral. El exgobernador de Baja California fue detenido por ser socio de una de las agencias aduanales que, presuntamente, permiten el ingreso ilegal de estos cargamentos a nuestro país. Si bien no se le considera como uno de los operadores directos de esta red, el caso cobra la mayor relevancia por otros motivos.
• “Ella no se marea”
Ruffo Appel es una figura relevante en la historia política del país, al ser el primer gobernador de oposición elegido democráticamente en México, en 1989, lo que marcó el inicio de la debacle del partido hegemónico —al menos como se conocía hasta ese momento—. En este sentido, la detención no deja de tener un tinte político que el oficialismo buscará maximizar hasta donde le sea posible para continuar alimentando su discurso de que los grandes males de la nación los ocasionaron los otros gobiernos y que ellos son diferentes a todo lo que les antecedió.
Por otro lado, los motivos de su detención involucran uno de los principales males de las administraciones morenistas desde que asumieron las riendas de México: el crecimiento exponencial del contrabando de combustible, no necesariamente como una actividad controlada por los grandes cárteles criminales, sino como una actividad muy lucrativa dirigida por funcionarios del más alto nivel que conlleva un entramado de corrupción a gran escala y que en meses recientes ha implicado solicitudes de detención y de extradición de integrantes de la propia Marina.
Si bien las investigaciones comienzan e idealmente habría que llegar hasta el fondo del asunto, independientemente del cauce que sigan las investigaciones, los argumentos del oficialismo flaquean cuando se contrastan con la postura que asumen cuando se trata de funcionarios o exfuncionarios emanados de su propio partido, pues ni actúan tan rápido ni tampoco son tan contundentes con sus juicios —ni aunque sean meramente de valor—.
Así sucede con la decena de funcionarios de su administración señalados por el gobierno de Estados Unidos por tener vínculos con el crimen organizado —dos de los cuales ya se entregaron a las autoridades de aquel país—, en donde no han existido motivos suficientes, ya no digamos para dar con su paradero con miras a detenerlos y eventualmente extraditarlos, sino siquiera para considerar investigarlos.
Por lo pronto, la defensa de Ernesto Ruffo niega todo señalamiento y presentó un nuevo amparo para poder llevar el proceso en libertad —mismo que ya fue rechazado——. Habrá que ver si el caso se sostiene y no es pura llamarada de petate, ya sin Mundial de por medio.
Los cómplices
