Hace unos días, la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a ocho personas, entre ellas Ernesto Ruffo Appel, por presunto contrabando de combustibles —mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas, el denominado huachicol fiscal—, delincuencia organizada y delitos en hidrocarburos.
Cinco de ellos, incluido Ruffo están en prisión preventiva en El Altiplano federal. Se investiga a la empresa Ingemar, a su socio mayoritario José Merino Valdés Cuervo y a Ricardo Thompson Navarro; al agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez, a Adriana Magali Bárcenas Guillén (Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza Sur) de la empresa Logística Ferroviaria Fargo y a Guillermo de la Peña Rosales y José María de la Peña Ramos, (ambos en sus domicilios) de Internacional Fundentes.
La FGR realiza, desde julio de 2025, una investigación por decomiso de combustible en Coahuila, donde aseguraron alrededor de 15.5 millones de litros de hidrocarburos y 129 carrotanques, la que condujo a la empresa Ingemar y a identificar a Ruffo Appel como pieza clave de esta empresa. El exgobernador negó su posible participación en actividades ilícitas; reconoció ser accionista de la empresa, señaló que sólo realizaban trámites aduanales para terceros y sus operaciones estaban respaldadas por permisos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de Energía, colaboró para acreditar la legalidad de sus actividades.
• “Usted ya va de salida”
Ernesto Ruffo Appel fue presidente municipal de Ensenada, gobernador de Baja California, el primero de oposición, del PAN; diputado, senador y empresario. Tiene 74 años de edad, nació en San Diego, California, EU. Actualmente es fundador del nuevo partido Somos México.
El juez Mario Elizondo Martínez negó el primer intento de detención de Ruffo en junio de 2026, por falta de elementos, y se buscó a otra juez, Alejandra Ramírez de la Vega, electa en junio de 2025, quien concedió la orden. Luisa Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, pidió actuar contra el juez Elizondo. En la detención, hubo violencia innecesaria contra el exgobernador Ruffo Appel. La fiscalía lo acusa por recibir transferencias de 18 millones de pesos, cuando calculan el delito de huachicol en 180 mil millones de pesos anuales. Además, si 129 pipas cruzaron, ¿quién las dejó pasar?
La situación ha generado sospechosismo; en positivo, la investigación de la FGR pronto alcanzará peces realmente gordos. La cuestión de huachicol alcanza cifras bárbaras, superiores a los 750 mil millones de pesos y se menciona a muchos miembros de la clase política en el poder: gobernadores, senadores, secretarios, dirigentes de partido, funcionarios de más de 10 dependencias públicas. El abuso del poder termina por revertirse contra el poder mismo.
La detención de Ruffo no fue un espectáculo político, ni cortina de humo, la autoridad trabaja en una operación estratégica de aproximación indirecta que investiga a fondo la red del huachicol fiscal, no busca tapar la basura, corrupción e impunidad, ni la violencia criminal señalada por EU.
12 exgobernadores panistas y Vicente Fox respaldan a Ruffo. Posible que pronto la autoridad recule.
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