Durante este siglo América Latina ha padecido gobiernos autoritarios que cancelaron derechos humanos, partidos políticos y libertades. Sin embargo, nunca habíamos presenciado una afirmación desde el poder en torno a la comprobación de una dictadura pura y dura como la de Daniel Ortega: “Aquí no volverán a haber elecciones”.
No se trata de palabras sacadas de contexto, de inventos de los adversarios políticos. El propio copresidente (junto con su esposa) de Nicaragua anunció así la confirmación explícita de la nueva dictadura en ese país, por si alguien tuviera cualquier duda.
La historia encierra una amarga ironía. El Frente Sandinista derrocó en 1979 a la dictadura familiar de los Somoza. Ortega encabezó el Gobierno revolucionario y fue elegido presidente en 1984. Seis años más tarde, perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro y entregó el poder. Nicaragua vivió después un periodo de alternancia electoral que permitió el regreso de Ortega en 2007. Desde entonces se ha mantenido ininterrumpidamente en el Gobierno durante casi veinte años. Paulatinamente impulsó reformas para permitir su reelección, cooptó a los demás poderes, persiguió a la oposición y encarceló a posibles candidatos culminando con retirar la nacionalidad a un sinnúmero de opositores. Ahora pretende eliminar incluso la posibilidad teórica de perder el poder.
• Desatienden encarecida petición
El anuncio viola cualquier estándar democrático imaginable. Las elecciones periódicas, libres, justas y competitivas son el único mecanismo mediante el cual la ciudadanía decide quién gobierna y hasta cuándo. Así lo reconoce, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, que incluye, desde luego, ciertos elementos mínimos adicionales, como el pluralismo partidista, el respeto a los derechos humanos y la separación de los poderes públicos.
Tal fue el impacto de la declaración unilateral del jefe de Estado nicaragüense que obligó al presidente de la Asamblea Nacional a “acotar” el dicho del dictador. Cavando aún más el hoyo, señaló que sí habrá elecciones, aunque no aquellas que permitan la participación de golpistas, vendepatrias o traidores. Se ufanó en señalar que la reforma facultará al órgano electoral a cancelar partidos o candidaturas que no cumplan con sus caprichos. Además, señaló que se aumentarán los periodos de gobierno que podrán ser “renovables”. Desde luego que la renovación dependerá de cualquier mecanismo menos el de las urnas.
El anuncio formaliza lo que ya se venía dando en los hechos. La proscripción de cualquier oposición, incluyendo partidos políticos, iglesias, académicos e intelectuales, entre otros, a fin de minimizar la posibilidad de una nueva derrota en las urnas. Suspender las elecciones allana el camino para cancelar los derechos político-electorales de forma total.
Cancelar la posibilidad de lograr un cambio de gobierno mediante el sufragio desembocará naturalmente en un eventual movimiento que deponga al gobierno o la intervención internacional que obligue a una transición. Las dos opciones significan graves riesgos y un alto costo para la población. Ortega parece haber tomado ya un camino sin retorno.
De memoria. (Regulación)
