Las cifras nacionales de homicidio van a la baja. El promedio diario pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, una reducción de 48%. Es una buena noticia, no obstante, aparece una señal preocupante a la cual hay que prestar atención: desde el inicio del sexenio han sido asesinados al menos 14 presidentes municipales.
Con Felipe Calderón fueron asesinados 37 alcaldes; con Enrique Peña Nieto, 42, y con Andrés Manuel López Obrador, 26. En menos de dos años de gobierno, el ritmo de asesinatos de alcaldes es alto. Los casos se concentran en estados como Oaxaca y Michoacán, pero han alcanzado a distintos partidos y regiones.
Controlar el territorio pasa por controlar los municipios. Las presidencias municipales administran policías, permisos, contratos, obra pública, comercio e información sobre los movimientos de las autoridades. Para el crimen organizado, controlar un ayuntamiento y sus autoridades es una cuestión de supervivencia. El alcalde puede convertirse en un obstáculo, en un aliado bajo amenaza o en parte de la propia estructura criminal.
• Desatienden encarecida petición
Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, hizo de la confrontación al crimen una bandera y fue asesinado. Valentín Lavín, del PVEM en Temoac, fue asesinado dentro del Ayuntamiento mientras era investigado por presuntos vínculos delictivos. En Veracruz, la Fiscalía acusa al alcalde de Ixhuatlán del Sureste de ordenar el asesinato de una periodista con apoyo de policías municipales y miembros de una organización criminal.
Italia y Colombia enfrentaron versiones distintas del mismo problema. En Italia, la mafia capturó ayuntamientos para controlar contratos y decisiones públicas; desde 1991, el Estado puede disolver gobiernos municipales infiltrados y sustituir temporalmente a sus autoridades. En Colombia, la parapolítica reveló alianzas entre grupos armados, narcotraficantes y dirigentes regionales. La respuesta combinó desmovilización, justicia transicional e investigaciones que siguieron el dinero, los acuerdos electorales y las redes de apoyo. Ambos casos ilustran que perseguir criminales sirve de poco si las instituciones permanecen capturadas.
México avanza en la dirección correcta. La Presidenta Sheinbaum tiene en Omar García Harfuch un operador eficaz para investigar y detener a integrantes del crimen y autoridades presuntamente vinculadas con sus redes. La Operación Enjambre ha detenido a 60 personas y 16 sentencias condenatorias contra 22 exservidores públicos. El caso del alcalde morenista en Tequila también es un buen ejemplo. El siguiente paso exige recuperar las instituciones municipales.
El verdadero desafío llegará en 2027. Se renovarán 17 gubernaturas, 31 congresos locales y 1,718 ayuntamientos. Para el crimen organizado, influir en una candidatura puede ser más rentable que amenazar a una autoridad ya electa: permite colocar aliados, controlar policías, orientar contratos y acceder a información desde el primer día. Por lo tanto, en estas elecciones es primordial cuidar la selección de candidatos. Los órganos de seguridad y justicia pueden desmontar redes existentes, pero los partidos y particularmente Morena tiene que impedir que otras lleguen a las boletas. Recuperar el territorio empieza por blindar las instituciones.
De memoria. (Regulación)
