La detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre tendrá implicaciones relevantes sobre la forma en que las autoridades actuaron durante las horas y los días que siguieron a partir de la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Un aspecto esencial reside en lo que ocurrió en el Puente del Chipote, donde el autobús 1531 de Estrella Blanca, en el que viajaban normalistas de Ayotzinapa, fue interceptado por policías municipales de Huitzuco e Iguala.
En teoría, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia debieron captar la escena, pero nunca se tuvo acceso a ellas.
• Lo que usted mande, Infantino
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que cuenta con evidencias para establecer que fue el propio Aguirre quien ordenó destruir las grabaciones para borrar evidencias de lo acontecido en ese preciso lugar.
Por esa situación se encuentra detenida, desde mayo de 2025, Lambertina Galeana Marín, quien era la presidenta del Poder Judicial guerrerense. Ella ha variado de versión a lo largo del tiempo: pasando del “no sabía”, a la destrucción “porque no aportaban nada” y ahora, con toda probabilidad, a colaborar con la FGR para obtener un criterio de oportunidad.
La CNDH, desde abril de 2016, reveló que, en el Puente del Chipote, fueron detenidos entre 14 y 20 normalistas. Inclusive, ya que un testigo de los hechos se animó a contar su versión, se sabe que en el lugar estuvieron también dos agentes de la Policía Federal.
Como todo era extraño en esos momentos, uno de los federales indagó sobre lo que estaba ocurriendo:
“¿Qué pasa con los chavos?”, preguntó el federal, y un municipal le aclaró que “allá atrás se chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco. Allá que El Patrón decida qué hacer con ellos”.
Los videos del Palacio de Justicia, de existir, no aportarían más de lo que descubrió la CNDH y sobre lo que recomendó indagar.
Pero lo que resulta evidente es que lo acontecido en el Puente del Chipote, es clave para determinar una de las rutas de desaparición de los estudiantes y donde es notoria la participación de las autoridades.
La captura de Aguirre, más allá de las expectativas que generará, no cambiará la hipótesis central de lo ocurrido y que es la que se sostuvo desde los primeros momentos, señalando al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, las policías municipales de Iguala y Huitzuco que, en colusión con los Guerreros Unidos, desaparecieron a los 43 normalistas.
Político experimentado, tendrá que enfrentar la mayor prueba de su vida para desmontar las acusaciones en su contra, entre ellas las de estructurar toda una operación para borrar evidencias.
Aguirre, conviene recordarlo, tuvo que solicitar licencia para separarse del cargo de gobernador el 23 de octubre de 2014 y definitiva en abril de 2015.
Ayotzinapa fue un cisne negro y sus aleteos aún perturban casi 12 años después.
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