La libertad de expresión ha mantenido, históricamente, una relación de abierta tensión frente al poder político, el cual pretende, al mismo tiempo, ostentarse como el único y legítimo garante del derecho a la información.
En este complejo escenario se enmarca la reciente propuesta del Ejecutivo federal para emitir los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, una iniciativa que ha generado un justificado revuelo en el gremio mediático y una profunda preocupación en torno a la posibilidad real de coartar la libre manifestación de las ideas.
La cuestión fundamental radica en responder una interrogante decisiva para la vida democrática: ¿dónde termina la legítima protección al público consumidor de contenidos y dónde comienza la indebida tutela estatal sobre lo que se difunde en los medios de comunicación? Para dar cauce a esta medida, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ha impulsado un proceso de consulta pública, el cual es instrumentado formalmente por la recientemente creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
• Reprobable hostigamiento
A primera vista, el planteamiento discursivo podría resultar virtuoso e incluso, sumamente atractivo. La narrativa oficial asegura que los nuevos lineamientos garantizarán el acceso a una información veraz, exigirán una clara y explícita diferenciación entre la nota informativa, el artículo de opinión y la propaganda publicitaria, además de promover la instauración obligatoria de la figura del defensor de las audiencias en los diversos medios.
Sin embargo, cuando la comunidad académica, los analistas y los especialistas en la materia examinan con rigor la letra pequeña de la regulación, el panorama cambia drásticamente. El análisis no puede realizarse de manera aislada, sino a la luz del delicado contexto de acelerada erosión institucional que hoy atraviesa el país. Asistimos a la extinción deliberada de órganos constitucionales autónomos que actuaban como indispensables contrapesos técnicos al gobierno central, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuyas facultades regulatorias y de arbitraje han sido absorbidas de forma directa por las secretarías de Estado.
A esta preocupante centralización del poder se suma el desempeño de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos prácticamente inerte, cuyas escasas intervenciones parecen responder más a las consignas y requerimientos del partido en el gobierno que a la tutela objetiva de las libertades fundamentales. Por si este panorama no fuera suficientemente crítico, la reconfiguración del sistema de justicia, con la captura partidista de juzgados, magistraturas, la Suprema Corte y las fiscalías, deja a los ciudadanos y comunicadores desprovistos de garantías jurisdiccionales imparciales ante eventuales abusos de autoridad.
Ante la desaparición acelerada de los contrapesos independientes, la alineación del aparato judicial y la concentración sin precedentes de facultades decisorias en la administración pública centralizada, existen sobradas razones para desconfiar de las supuestas “buenas intenciones” de la iniciativa presidencial. Bajo la noble bandera de proteger al público, se avizora la edificación de un andamiaje sutil pero eficaz, para la censura previa y el control de la conversación pública. La tutela de las audiencias no debe convertirse jamás en la coartada perfecta del poder político para decidir qué se puede y qué no se puede decir en la prensa, pues finalmente los ciudadanos somos adultos, ¿o no lo somos?
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